Crimen de odio en Chigorodó: asesinan a Ángel Miro Guisao en su vivienda

La violencia basada en prejuicios volvió a cobrar una vida en Colombia. Ángel Miro Guisao fue asesinado el 16 de abril dentro de su vivienda, ubicada en el barrio La Playita, en Chigorodó, Urabá antioqueño. El crimen, que aún no tiene responsables, ha sido denunciado como un posible caso de violencia motivada por odio hacia la comunidad LGBTIQ+.

La organización Caribe Afirmativo, que lidera la defensa de los derechos de esta población en la región, exigió que la investigación se adelante bajo los lineamientos de la directiva 006 de 2023, que establece la necesidad de considerar el prejuicio como un posible móvil en estos casos. “Nos queremos vivxs, libres y sin miedo. Esta violencia prejuiciosa sistemáticamente nos está imposibilitando una vida con dignidad”, expresó la organización en un comunicado.

Con este caso, ya son 30 las personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va del año, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo. La cifra evidencia un patrón de violencia sostenido, en medio de un contexto de impunidad alarmante: el 63% de los homicidios de personas LGBTIQ+ en 2025 no han sido resueltos.

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Caribe Afirmativo también denunció que la desarticulación de los grupos especializados en crímenes por prejuicio ha debilitado la capacidad institucional para responder con eficacia. “Exigimos justicia, garantías reales para nuestras vidas y un alto definitivo a la impunidad”, sentenció la organización.

La muerte de Ángel Miro se suma a una semana especialmente violenta para esta comunidad en Antioquia. En Medellín, fueron asesinadas tres personas en distintos hechos: Juan Gonzalo Henao Montoya, hallado sin vida en su apartamento en el corregimiento San Cristóbal; Jesús Emilio Ochoa Quiroz, baleado en Villatina; y John Alejandro Marín Robledo, víctima mortal de un intento de hurto en el barrio Santa Margarita.

Las organizaciones sociales han insistido en que estos crímenes no pueden ser tratados como hechos aislados. Para ellas, la sistematicidad de la violencia y la falta de respuestas estatales evidencian una crisis que requiere acciones urgentes, no solo judiciales, sino también de prevención y protección a la diversidad.

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