Comunidad de Villa del Rosario destruye casetas de peaje y exige su eliminación definitiva

La comunidad de Villa del Rosario, en Norte de Santander, ha tomado medidas drásticas contra el cobro de peajes en la autopista Internacional. Tras el ataque con explosivos atribuido al ELN el pasado 19 de febrero, la Unión Temporal Peajes Nacionales intentó reactivar el cobro en este punto estratégico del departamento. Sin embargo, la resistencia de los habitantes ha sido férrea, culminando en la destrucción de las casetas de peaje recién instaladas y en una demanda legal para evitar su reconstrucción.

Los ciudadanos argumentan que el peaje, que lleva más de 15 años en funcionamiento, no ofrece beneficios reales para la comunidad y, por el contrario, afecta gravemente su economía. 

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El conflicto tras el ataque del ELN

El pasado 19 de febrero, un ataque con explosivos cerca del peaje en la autopista Internacional dejó daños significativos en la infraestructura. Aunque el ELN fue señalado como responsable del atentado, la Unión Temporal Peajes Nacionales intentó retomar el cobro poco después. Sin embargo, la inspección de policía de Villa del Rosario ordenó la suspensión de las obras de reconstrucción, respaldada por una veeduría ciudadana que presentó una demanda contra la reactivación del peaje.

A pesar de la orden, la empresa continuó con los trabajos de instalación de nuevas casetas, lo que generó un rechazo generalizado entre los habitantes. Este incumplimiento llevó a la comunidad a tomar acciones directas, destruyendo las casetas recién instaladas y exigiendo la eliminación definitiva del peaje.

La veeduría ciudadana no solo ha impulsado la demanda contra la reactivación del peaje, sino que también ha denunciado a Menzel Rafael Amín Avendaño, representante legal de la Unión Temporal Peajes Nacionales, ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia señala que la empresa incumplió la Orden de Policía 03-03-2025, que suspendía toda intervención en la caseta de peaje ubicada en el sector Lomitas de la autopista Internacional.

Según la veeduría, la empresa no asistió a la audiencia pública convocada por la inspección de policía el pasado 3 de marzo, ni presentó descargos contra la orden. Además, no acreditó haber tramitado la licencia de intervención y ocupación del espacio público, requisito obligatorio para ejecutar obras de demolición y reconstrucción. Estas acciones han generado desconfianza y malestar entre la comunidad, que exige transparencia y respeto a las decisiones locales.

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