Clan del Golfo, Eln y disidencias de Farc ponen en contra del Ejército a población en municipio antioqueño

Ante la crítica situación de vulneración de derechos humanos que se viene presentando en zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia, en la que el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc se disputan metro a metro el control del territorio, la Defensoría del Pueblo hizo un enérgico llamado a estos grupos armados al margen de la ley, para que respeten los derechos de la comunidad y lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

La entidad nacional protectora y garante de los derechos humanos, además, rechaza las acciones que están afectando a quienes habitan esa zona del nororiente del departamento, como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles. 

Así mismo, les exige no instrumentalizar a los campesinos, personas trabajadoras y humildes que se ven obligadas a realizar manifestaciones contra la fuerza pública, que ejerce su labor constitucional en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. 

También rechaza de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Los menores de edad no tienen porque estar integrando las filas de la ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraria la normativa del DIH. 

De la misma manera, la Defensoría repudia la modalidad de homicidio que viene siendo implementada por esas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos, ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, lo que evita el registro del hecho criminal. 

Esta subregión, la del Bajo Cauca antioqueño, es una de las zonas donde más se ha agudizado el conflicto armado en los últimos años, razón por la que la Defensoría llama a los entes nacionales y territoriales y a las fuerzas del orden, a brindarles las debidas condiciones de seguridad a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores. 

La Defensoría del Pueblo les exige a estas organizaciones criminales no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad, a la alimentación; igualmente, sus derechos económicos y sociales. 

Propiciar escenarios de diálogo en los territorios, sumar esfuerzos reales de voluntad para sentarse a conversar, en los que participen todos los actores armados, es el verdadero camino que debe ser recorrido para encontrar la anhelada paz que claman los colombianos.

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