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ANLA asume la competencia ambiental en la operación del Muelle 13 en Buenaventura
Autoridad ambiental ordena suspensión del Muelle 13 en Buenaventura por presuntas irregularidades en manejo ambiental.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenó la suspensión de las operaciones del Muelle 13 en Buenaventura, Valle del Cauca, tras identificar presuntos incumplimientos en las medidas de manejo ambiental necesarias para mitigar los impactos de la infraestructura portuaria. La decisión, afecta a la sociedad Grupo Portuario S.A., responsable del proyecto.
La Anla asumió la competencia sobre el Muelle 13 a través del Auto 11665 de 2024, luego de que el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura remitiera el expediente correspondiente en diciembre pasado. Según el organismo, el puerto tiene características propias de un terminal marítimo de gran calado, por lo que debe ser regulado bajo el Decreto 1076 de 2015.
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La medida preventiva de suspensión se tomó debido a que las condiciones actuales del proyecto presuntamente desconocen las normativas ambientales vigentes y las medidas de manejo para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales.
La Anla señaló que es necesario contar con un instrumento actualizado que armonice las condiciones reales del proyecto y del territorio, abarcando los entornos físico, biótico y socioeconómico.
El levantamiento de la suspensión está condicionado a la presentación de un instrumento de manejo ambiental que cumpla con las normativas aplicables y garantice la protección del entorno.
Mientras tanto, las acciones de la Anla, en coordinación con el ministerio de Ambiente y otras entidades competentes, buscan asegurar que el proyecto opere de manera sostenible y en respeto de los derechos ambientales de las comunidades.
La entidad reafirma la importancia de establecer controles ambientales adecuados para proyectos de gran impacto como el Muelle 13, recordando que su prioridad es garantizar el desarrollo sostenible y proteger los derechos ambientales de las personas y comunidades afectadas. Las investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con el proyecto continuarán en curso.
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