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Alerta por reclutamiento forzado de menores en Huila y Cauca
Balance con el número de niños que están en poder de grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 015 de 2024, en la que advierte un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes (NNA) y jóvenes de los municipios de Íquira (Huila) y Páez (Cauca) y sus áreas rurales, algunos de ellos con pertenencia indígena, afrocolombiana o campesina. Sus núcleos familiares, además, enfrentan amenazas si hacen las denuncias, lo cual los pone en riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección.
La AT advierte sobre la vinculación de NNA a los bloques Occidental y Jacobo Arenas, a través del frente Dagoberto Ramos, en Páez, y al bloque Central Isaías Pardo con el frente Ismael Ruiz en Íquira, todos del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. El EMC tiene el control hegemónico en la zona limítrofe entre Huila y Cauca.
En el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, los hechos de vinculación de menores de edad a grupos armados ilegales constituyen un perjuicio irremediable y riesgo desproporcionado.
A ello se suma el subregistro, lo que impide dimensionar la magnitud del fenómeno. Adicionalmente, corren peligro personas defensoras de derechos humanos y liderazgo social. Persisten también riesgos para los docentes y directivos por debilitamiento de las escuelas como entornos protectores.
Estrategias para reclutar
En lo corrido del 2024, en Íquira han sido identificados al menos seis casos de reclutamiento por el Ismael Ruiz. No obstante, en cuatro de ellos los menores de edad fueron devueltos a sus comunidades, dada la presión de las autoridades tradicionales.
Las plataformas virtuales y redes sociales están siendo utilizadas por las estructuras del EMC para ponerse en contacto con NNA. Los reclutados serían los encargados de establecer contacto con otros niños de su comunidad.
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En el caso de Páez, este año han sido registrados 14 casos de reclutamiento; en cinco hay edades entre los 13 y 14 años, y cuatro oscilan entre los 14 y 17 años. De los restantes no hay información clara sobre su rango de edad.
Los procesos coercitivos de otros tiempos ya no son empleados, en su lugar han sido desarrolladas estrategias de comunicación, como replicar con otros menores lo “bien” que les va a los que ya están reclutados; esto, con el objetivo primordial de lograr atraer nuevas y forzosas incorporaciones. Los planes y “proyectos de vida” asociados a “beneficios económicos” y “ostentación de poder” se convierten también en útiles herramientas de reclutamiento, acompañados de una limitada oferta educativa, económica y social.
Exacerbación y extensión del riesgo
La Defensoría del Pueblo advierte que, de no avanzarse de manera contundente y apremiante en la efectiva gestión del riesgo del reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad tanto en Íquira como en Páez, las transformaciones que viene teniendo el EMC, su fraccionamiento en Huila y las consecuencias humanitarias de la suspensión del cese al fuego en Cauca podrían exacerbar el escenario de riesgo descrito.
En tal sentido, la AT llama la atención sobre la intención del EMC de fortalecer sus filas con menores de edad, como también sobre los graves riesgos de reclutamiento forzado que podrían extenderse a los municipios ubicados en la cordillera Central, concretamente en las franjas occidental del Huila y oriental del Cauca.
Formulación de recomendaciones
La Defensoría les envió 16 recomendaciones al Gobierno Nacional y entidades regionales, con el propósito primordial de que implementen con urgencia medidas de articulación interinstitucional y coordinación que mitiguen los riesgos extremos emitidos en la presente AT.
Algunas de ellas están relacionadas con la formulación de rutas de prevención temprana, urgente y de protección en concertación con autoridades tradicionales y líderes de consejos comunitarios, bajo un enfoque de usos, costumbres y cosmovisión, que a su vez permita la armonización con las rutas de atención institucionales establecidas para NNA de comunidades indígenas.
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