Alerta por difícil situación de seguridad humanitaria y en el departamento del Caquetá

La Procuraduría General de la Nación alerta sobre difícil situación humanitaria y de seguridad  en  Caquetá, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales de las denominadas disidencias de las FARC.

Desde agosto pasado, constatamos afectaciones por dos accidentes de minas antipersonal en el municipio de San Vicente del Caguán, siete homicidios selectivos en Puerto Rico y Belén de los Andaquíes, restricciones en la navegabilidadpara los municipios de Solano y Cartagena del Chairá, así como citaciones a comunidades en Florencia para extorsionarlas. 

La Procuraduría expresa su preocupación por la declaración de confinamiento en 16 veredas emitida por el citado grupo ilegal, mientras se desarrollaba el Comité de Justicia Transicional en Cartagena del Chairá, afectando a 2.182 personas con desabastecimiento de víveres y medicamentos, además de la suspensión de clases presenciales, todo ello sin que hasta el momento se haya producido respuesta alguna por parte de las entidades del Estado.

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La ausencia de decisiones del Gobierno Nacional para anticipar y mitigar esta escalada de violencia, así como las debilidades de articulación institucional entre el Ejecutivo y las administraciones departamental y municipal, agravan la percepción de abandono institucional.

Requerimos acciones urgentes y contundentesdel Gobierno Nacional, en las que instancias como la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Ministerio de Defensa Nacional, Unidad Nacional de Protección e ICBF, asuman un rol activo frente a la garantía de derechos de estas personas, dirijan sus capacidades misionales hacia el territorio y protejan a los líderes sociales, niños, niñas, adolescentes y comunidades en riesgo de las amenazas existen en el territorio.

Desde los territorios, la Procuraduría continuará su labor preventiva dirigida a visibilizar las dinámicas de afectación en sus áreas rurales y urbanas, como de vigilar la respuesta de sus entidades, en su deber de protección y garantía de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional.

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