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Alcaldía de Bogotá denuncia que indígenas Emberá usan cepo contra menores de su comunidad
Pormenores de los señalamientos de la administración contra los aborígenes.
La Secretaría de Integración Social de Bogotá informó sobre un caso reciente de aplicación del castigo tradicional conocido como el cepo, involucrando a seis menores de edad en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, espacio donde reside temporalmente una comunidad emberá.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, catalogando el hecho como una posible situación de violencia intrafamiliar o maltrato mediante la restricción de la libertad física.
Hechos registrados en la UPI La Rioja
El caso fue reportado inicialmente el 28 de noviembre, cuando personal del programa Centro Amar notificó la ausencia de uno de los adolescentes que debía estar en sus actividades habituales.
Según información obtenida por la Secretaría de Integración Social, se descubrió que el menor se encontraba sometido al cepo, un mecanismo de castigo utilizado en algunas prácticas tradicionales indígenas. Posteriormente, se confirmó que otros cinco jóvenes, con edades entre 11 y 14 años, también habían sido sometidos a la misma práctica.
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Acciones del Distrito tras el descubrimiento
Una vez conocida la situación, la Secretaría de Integración Social activó los protocolos establecidos para este tipo de casos, verificando la identidad de los menores involucrados y denunciando formalmente ante la Fiscalía los presuntos delitos cometidos.
Asimismo, se informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que confirmó que los adolescentes ya habían sido liberados y estaban retomando sus actividades académicas en las instituciones asignadas.
Llamado a la comunidad emberá y postura institucional
El Distrito hizo un llamado a la comunidad emberá que reside en la UPI La Rioja para que se abstenga de implementar formas de justicia tradicional como el uso del cepo, argumentando que estas prácticas no son compatibles con las disposiciones jurídicas y constitucionales del país.
En particular, se recordó que el predio donde ocurrió el hecho es un bien fiscal del Distrito, lo que impide que se aplique justicia tradicional indígena en dicho lugar, al no cumplir con los requisitos territoriales exigidos por la Corte Constitucional.
Investigación en curso y rechazo a los hechos
La Secretaría de Integración Social expresó su rechazo a este tipo de prácticas y reiteró su compromiso de actuar ante cualquier hecho que vulnere los derechos de los menores de edad en Bogotá.
Además, señaló que continuará denunciando actos de violencia que afecten a esta población, con el propósito de garantizar su protección integral y el cumplimiento de las normas establecidas.
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