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Alcaldes asumirán alimentación de detenidos en URI
Medida que coincide con disposiciones de la Corte Constitucional.
En un cambio que transformará el cuidado y la atención de los detenidos en las URI y estaciones de policía, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha propuesto un proyecto de ley el 3 de agosto que transferiría la responsabilidad de proporcionar servicios de alimentación a los alcaldes de cada municipio.
Esta medida está en consonancia con una orden previa de la Corte Constitucional, y promete agitar las estructuras administrativas existentes.
El proyecto de ley, presentado ante la Cámara de Representantes, consta de dos artículos fundamentales. El primero establece un marco normativo transitorio, proporcionando a los alcaldes y gobernadores el tiempo necesario para planificar aspectos presupuestales y contractuales que garantizarán la efectiva prestación del servicio de alimentación.
El segundo artículo garantiza una transición suave de las responsabilidades, permitiendo a la Unidad del Servicio Penitenciario y Carcelario, Uspec, continuar prestando el servicio de alimentación a los detenidos hasta el 30 de junio de 2024. Esto proporciona un plazo de gracia considerable para que las alcaldías se preparen para asumir estas nuevas obligaciones.
Este cambio de mando no es aleatorio. Se produce en respuesta a una declaratoria del "Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria" emitida por la Corte Constitucional en marzo de 2022. Según dicha declaratoria, los municipios y departamentos tenían un plazo de cuatro meses para asumir la tarea de proporcionar condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, suficiente ventilación y luz solar para los detenidos, así como la separación apropiada entre hombres y mujeres y entre menores y adultos. Sin embargo, el cumplimiento de esta orden por parte de las autoridades territoriales ha sido lento.
El nuevo proyecto de ley pretende resolver este problema de incumplimiento. Si se aprueba, a partir de junio de 2024, los alcaldes ya no tendrán excusas para eludir su responsabilidad y estarán obligados a cumplir con la orden de la Corte Constitucional. Se espera que esta nueva medida marque un cambio importante en la administración de los servicios penitenciarios y carcelarios en todo el país.
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