Advierten compra de predios costosos e improductivos en la Agencia Nacional de Tierras, ANT

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encuentra en el centro de una compleja trama que involucra la compra del predio La Grosería, situado en la frontera entre los municipios de Chimichagua y Tamalameque, en el departamento de Cesar. 

Este terreno, que abarca 424 hectáreas y es hogar de aproximadamente 500 familias, ha sido descrito como poco productivo, arrojando dudas sobre su potencial agrícola y pecuario.

La historia de La Grosería es intrincada, marcada por intentos fallidos de adquisición por parte de diferentes administraciones gubernamentales. Sin embargo, el foco se ha intensificado recientemente debido a una investigación disciplinaria lanzada por la Procuraduría General de la Nación contra Gerardo Vega Medina, exdirector de la ANT, por presuntas irregularidades en el proceso de compra del terreno.

Según informes, Vega Medina habría propuesto adquirir La Grosería por un valor significativamente superior al mercado, aproximadamente un 70% más de lo estimado, lo que ha suscitado sospechas y escrutinio. Esta situación se ve agravada por la presunta baja fertilidad del suelo, con un 32% del terreno considerado inaprovechable para la producción agropecuaria.

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Adicionalmente, la metodología utilizada para determinar el valor de compra ha sido cuestionada. La ANT habría basado su evaluación en comparaciones con otros cuatro predios de características similares, encontrados en internet, cuyos precios fluctúan entre los $1.000 y $4.800 millones. A pesar de ello, la oferta a los vendedores habría ascendido a $8.500 millones, con una cifra final negociada alrededor de los $5.000 millones.

En respuesta a estas acusaciones, Vega Medina defendió su gestión en una entrevista radial, alegando que no se ha concretado ningún pago por La Grosería y destacando un reajuste en la valoración del predio de $8.000 a $4.000 millones tras un segundo avalúo.

En paralelo a la saga de La Grosería, otros terrenos en Chimichagua han capturado la atención pública, como La María y La Oficina, cada uno con sus propias historias de negociación y controversia.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de reforma agraria y adquisición de tierras, en el cual el gobierno nacional ha colaborado con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para facilitar la transferencia de tierras a campesinos. 

A pesar de los esfuerzos y compromisos anunciados, el proceso ha sido descrito como lento y plagado de desafíos, poniendo en duda la realización de los objetivos planteados por la administración actual.

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