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Thomas Greg & Sons seguirá fabricando pasaportes
Gobierno extiende urgencia manifiesta para Fabricación de pasaportes hasta 2025.
El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, ha emitido una resolución que declara una nueva urgencia manifiesta que permitirá a la empresa Thomas Greg & Sons continuar con la fabricación de pasaportes en el país hasta 2025. Esta medida se extenderá por 11 meses y tiene como objetivo principal garantizar que los colombianos puedan solicitar y obtener sus libretas de identificación sin interrupciones.
La resolución, que consta de 18 páginas y seis artículos, detalla que Thomas Greg & Sons será responsable de suministrar, personalizar, custodiar y distribuir las libretas de pasaportes, así como de la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. Estos servicios serán prestados a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste, asegurando estabilidad en los costos durante la vigencia del contrato.
Además de la autorización para la fabricación de pasaportes, la Cancillería ha ordenado a las dependencias correspondientes iniciar los trámites necesarios para asegurar las partidas presupuestales que respalden el contrato con Thomas Greg & Sons hasta 2025. Este proceso busca garantizar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos bajo la urgencia manifiesta.
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La resolución también establece que, una vez se celebre el contrato, se notificará a la Contraloría General de la República para su conocimiento y supervisión, conforme al artículo 43 de la Ley 80 de 1993. Esto permitirá un seguimiento riguroso del cumplimiento del contrato, asegurando la transparencia en el proceso.
Otro aspecto destacado de la resolución es la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles conductas disciplinarias de los funcionarios que ordenaron y dieron inicio al proceso de selección LP-003 de 2023, correspondiente a la anterior urgencia manifiesta. Esta acción podría reavivar debates sobre el manejo de estos procesos durante la administración del excanciller Álvaro Leyva y el exsecretario José Antonio Salazar.
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