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Siete congresistas en la mira por sus millonarios movimientos bancarios
Estos son los implicados según un reporte de la UIAF.
La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación sobre presuntas irregularidades financieras de varios congresistas relacionadas con el caso de corrupción más relevante del Gobierno de Gustavo Petro.
El foco de la indagación está en posibles movimientos bancarios que no coinciden con los ingresos salariales de los legisladores y que podrían estar vinculados a sobornos derivados de contratos otorgados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Un informe elaborado por la Sala de Instrucción del alto tribunal, con una extensión de cerca de 200 páginas, identifica a siete congresistas de la Comisión de Crédito Público como presuntos involucrados en el esquema.
Según lo revelado por la revista Semana, los legisladores estarían siendo investigados por supuestamente recibir beneficios económicos a cambio de respaldar con su voto créditos gestionados por el Gobierno con la banca internacional.
Detalles del caso y análisis financiero
El informe, que ya se encuentra en manos del magistrado Misael Rodríguez, incluye un análisis exhaustivo de cuentas bancarias, relaciones contractuales y vínculos en redes sociales de los congresistas investigados: Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Liliana Ester Bitar, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. La investigación también abarca a sus círculos cercanos y Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).
Uno de los casos más significativos es el de Wadith Manzur, quien registró 22 transacciones financieras con un miembro de su UTL por 289 millones de pesos entre enero de 2023 y julio de 2024. Además, se identificaron 107 cheques emitidos desde su cuenta bancaria entre 2022 y 2024, con un valor acumulado superior a 1.495 millones de pesos, beneficiando a 20 personas naturales.
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Otro caso relevante es el de Julián Peinado, quien recibió un depósito de 400 millones de pesos en abril de 2023 de Luz Estrella, una persona vinculada a empresas que obtuvieron contratos con la Ungrd. Este hallazgo conecta también a la congresista Karen Manrique con operaciones similares.
Vínculos con contratistas y posibles irregularidades
El informe detalla cómo las transacciones financieras podrían estar relacionadas con un esquema más amplio de corrupción. Contratistas específicos habrían sido favorecidos con contratos otorgados mediante la Ungrd.
Según la investigación, 11 sociedades de interés entre 2020 y 2024 presentan conexiones con 327 empresas o consorcios en Colombia, lo que refuerza la hipótesis de un "carrusel de contratistas".
En municipios como Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena, los investigadores identificaron contratistas vinculados a los congresistas investigados.
En Arauca y Saravena, Karen Manrique aparece relacionada con contratistas que habrían recibido contratos para el uso de maquinaria amarilla en emergencias.
En Córdoba, la Asociación de Municipios del Sinú (Asosinú) habría sido beneficiaria de un contrato por 2.500 millones de pesos para el mantenimiento de vías rurales.
Implicaciones políticas y familiares
El documento también menciona a figuras políticas como el expresidente del Congreso Iván Name, relacionado con el supuesto uso de 3.000 millones de pesos para la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo.
Además, su hijo Iván Leónidas Name Ramírez aparece como miembro de la UTL del exrepresentante Juan Diego Muñoz, quien ya ha comparecido ante la Corte Suprema pero se ha abstenido de declarar.
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