Sandra Ortíz pone contra las cuerdas a magistrado Vladimir Fernández y Fiscalía se pronuncia

La Fiscalía General de la Nación informó que tiene en marcha múltiples actividades investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del direccionamiento de la contratación y apropiación de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El ente acusador explicó en un comunicado de prensa que en desarrollo de esta actividad, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos.

Durante los encuentros, la defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada, y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial, detalló la entidad.

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La Fiscalía explicó que ante esta situación, la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial.

Caso Vladimir Fernández

Horas antes de la expedición del comunicado de prensa, la Revista Semana emitió el informe titulado: la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional se habría ‘aceitado’ con plata corrupta de la UNGRD.

Según en referido medio de comunicación la Fiscalía evalúa una información entregada en los últimos días por Sandra Ortiz, en medio de su proceso de colaboración con la justicia.

Reportó que al parecer, los 3 mil millones de pesos que habría recibido el entonces presidente del Senado Iván Name tendrían una doble finalidad: por un lado, garantizar la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso, y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Fernández, que se materializó el 17 de octubre de 2023.

Fernández, al parecer, tenía afán de ser elegido rápidamente antes de que se le desbarataran los acuerdos políticos en la plenaria del Senado. Fernández fue elegido con una aplastante mayoría (88 votos), en reemplazo del magistrado Alejandro Linares. Desde el inicio del Gobierno Petro, y antes de llegar a la Corte Constitucional, Fernández fue secretario jurídico de la Presidencia, recordó Semana.

Otro detalle en el caso pone en expectativa y es que el abogado de Sandra Ortíz, acaba de lograr un principio de oportunidad de su cliente Juan Carlos Cáceres, principal implicado junto a Emilio Tapia en el desfalco de Centros Poblados.

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