Reintegran en RTVC a tres directivas despedidas en administración de Nórida Rodríguez

El Sistema de Medios Públicos RTVC, ahora en cabeza de Hollman Morris ha decidido reincorporar a tres exfuncionarias, quienes habían sido destituidas por la dirección anterior. Las empleadas, Clara Moreno, Georgina Torres y Alejandra Duque, regresan a sus respectivas posiciones de liderazgo y coordinación dentro de la entidad.

Clara Moreno asumirá nuevamente el rol de directora de Control Interno Disciplinario, Georgina Torres se encargará de la Coordinación de Contabilidad y Alejandra Duque retomará sus responsabilidades en la Coordinación de la Gestión Comercial. 

Estos cambios ocurren tras un periodo turbulento bajo la gestión de Nórida Rodríguez, la anterior gerente, cuya administración fue marcada por acusaciones y controversias.

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Durante meses previos, Duque había expresado públicamente sus preocupaciones respecto a las prácticas administrativas en RTVC, revelando que la entidad se había convertido en un foco de contrataciones cuestionables y eventos organizados sin el debido proceso, beneficiando directamente a ciertas empresas a través de asignaciones directas. 

Estas denuncias, que salieron a la luz gracias a su testimonio, precipitaron la renuncia de Rodríguez y del subgerente de Soporte Corporativo, Jorge Luis Arzuaga, quienes habían sido señalados por prácticas de gestión dudosas.

La salida de Rodríguez y Arzuaga se vincula directamente con una serie de reportajes de W Radio que destacaban un control excesivo y centralizado de la gestión por parte de Arzuaga, quien incluso llegaba a influir sobre las decisiones de Rodríguez en la entidad. 

El clima en RTVC bajo su gerencia fue descrito como opresivo, con Arzuaga manejando de facto muchas de las funciones esenciales, mientras Rodríguez aparecía desautorizada en múltiples ocasiones.

Los problemas no se limitaron a la gestión interna, sino que se extendieron a prácticas más graves como nepotismo, violaciones de la privacidad de los empleados, y el incumplimiento del estatuto anticorrupción, así como la contratación de personal no cualificado para cargos clave. 

Un ejemplo particularmente grave de mala gestión se produjo en septiembre de 2023, cuando Arzuaga ordenó cancelar un proceso de licitación pública para un contrato valorado en casi 9.000 millones de pesos, destinado a instalar emisoras de paz, un proyecto significativo desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. 

Este contrato se adjudicó sin los procedimientos adecuados a la Agencia Nacional Digital, a pesar de que esta carecía de experiencia en el sector radiofónico.

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