Presidencia da 10 días a sus entidades para que informen hallazgos relacionados con corrupción

El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició este jueves la primera sesión de la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, luego que se diera a conocer el entramado de corrupción en la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo (Ungrd).

Este órgano fue creado por directiva presidencial del presidente Petro, y su primera reunión estuvo encabezada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

Durante la sesión, reafirmaron el compromiso del Gobierno de combatir la corrupción y promover una mayor transparencia en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial. Entre los temas discutidos, destacó la revisión del reglamento interno de la mesa, el cual se espera sea aprobado en la próxima reunión.

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Asimismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un informe sobre el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2024, destacando su apoyo a las entidades públicas en su defensa como víctimas de corrupción.

Además, se anunció que más de 236 entidades del orden nacional deberán reportar, en un plazo máximo de 10 días, cualquier alerta o hallazgo relacionado con corrupción en los últimos seis años. Esta medida busca reunir información crítica sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Durante el encuentro, se identificaron las prioridades que guiarán el plan de trabajo, orientado a articular acciones gubernamentales para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.

Laura Sarabia enfatizó la determinación del presidente Petro de enfrentar la corrupción, subrayando la necesidad de garantizar mayor transparencia y acceso a la información en los procesos de contratación pública. Por su parte, Andrés Idárraga destacó la relevancia de la colaboración entre todas las entidades nacionales para lograr avances en este frente.

Asimismo, se solicitará al Departamento Administrativo de la Función Pública un diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones de declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de los funcionarios públicos. Se emitirán directrices claras para asegurar que todos los funcionarios cumplan con estos requisitos, fortaleciendo así los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

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