Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez tiene billonario presupuesto que no usa guardado en los bancos

A quince meses de su establecimiento, el Ministerio de la Igualdad, bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta críticas severas por una ejecución presupuestaria meramente simbólica de su asignación financiera. 

Pese a manejar uno de los mayores presupuestos entre las carteras ministeriales, con 1,8 billones de pesos, esta entidad ha utilizado solo el 0,24% de los fondos disponibles para el 2024, según datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda.

Este bajo rendimiento no solo pone en riesgo la viabilidad de los fondos, que, de no ser utilizados antes del 31 de diciembre, caducarían según la legislación vigente, sino que también suscita preocupación dada la significativa suma de 800.000 millones de pesos adicionados al presupuesto inicial durante las asignaciones del año fiscal. 

La comparación con otros ministerios agrava la situación; por ejemplo, el Ministerio de Salud ha ejecutado el 23% de su presupuesto y el de Educación, el 19%.

Con cinco viceministerios enfocados en distintos grupos vulnerables —entre ellos, Mujeres, Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos, y Diversidades—, el Ministerio de la Igualdad debería ser un baluarte en la lucha por la equidad y la inclusión social.

Según reportes de Cambio, más del 80% de los escasos recursos utilizados hasta ahora han sido destinados al pago de nómina. 

Además, la entidad no ha gastado nada de los 400.000 millones de pesos asignados para fortalecer iniciativas que promuevan la igualdad de derechos para las poblaciones vulnerables.

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El Ministerio de la Igualdad alega que las dificultades en la ejecución presupuestal se deben a la complejidad de estructurar un nuevo ministerio "desde cero", citando falta de personal y demoras en la distribución de presupuestos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La reglamentación del ministerio, realizada hace tan solo diez meses, también ha sido un obstáculo significativo para activar el uso efectivo de los fondos.

Ante el desafío, el Ministerio ha expresado su determinación de acelerar los procesos de estructuración y contratación de proyectos, intentando reducir los tiempos de nueve meses habitualmente necesarios para estos procesos. 

A pesar de los esfuerzos, la entidad ha enfrentado un escrutinio político riguroso, incluyendo un debate de control en la Comisión VII, motivado por la preocupación de diversos sectores políticos frente a la gestión de Francia Márquez.

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