Marelbys Meza, ex niñera de hijo de Laura Sarabia demandará al Estado por interceptaciones ilegales

Marelbys Meza, quien trabajó como cuidadora del hijo de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, presentó una denuncia contra el Estado colombiano, en la que señala al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por interceptaciones ilegales, amenazas y seguimientos que alteraron profundamente su vida personal y profesional.

Según se ha informado, la acción legal será formalizada en los próximos días y estará respaldada por el abogado penalista Iván Cancino, quien argumenta que su clienta fue víctima de graves vulneraciones a sus derechos.

Cancino aseguró que esta demanda busca reparación por los perjuicios sufridos, los cuales abarcan desde aislamiento social hasta la imposibilidad de encontrar empleo debido a los señalamientos públicos en su contra.

Los hechos que originaron la demanda

Meza laboraba como niñera del hijo de Laura Sarabia, quien en ese momento desempeñaba un cargo de alto nivel en el gobierno.

Sin embargo, un incidente relacionado con el presunto robo de dinero desencadenó una serie de acciones en su contra.

Posteriormente, Meza fue acusada de pertenecer al Clan del Golfo, una organización criminal, pese a que no existían pruebas ni antecedentes que sustentaran tales acusaciones.

Estas imputaciones llevaron a que Meza fuera incluida en investigaciones policiales, donde incluso se vinculó a familiares y amigos con actividades ilícitas, afectando también su entorno cercano.

Como consecuencia, perdió su empleo, fue marginada de su círculo social y enfrentó serias dificultades económicas, dependiendo exclusivamente del apoyo de su familia para subsistir.

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Consecuencias de las acusaciones

El abogado Cancino destacó que las interceptaciones telefónicas y los seguimientos realizados contra Meza fueron ordenados por altos funcionarios del Estado y ejecutados por la Policía Nacional.

Según la información recopilada, dichas órdenes habrían provenido directamente de la Casa de Nariño. Esto pone en cuestión el uso de los recursos estatales para fines particulares, revelando posibles irregularidades en el manejo del poder.

Por otra parte, las condiciones de vida de Meza se vieron profundamente afectadas. Según explicó su abogado, debió abandonar su residencia en el sur de Bogotá y permanecer bajo protección de la Fiscalía en una vivienda dispuesta para su seguridad. Este cambio abrupto la distanció de su familia y la sumió en una situación de precariedad emocional y económica.

Implicaciones legales y solicitudes de justicia

El caso ha generado preocupaciones sobre el manejo de la investigación, ya que existe la posibilidad de que sea trasladado al sistema de justicia penal militar, lo que podría comprometer la transparencia del proceso.

Ante este escenario, Cancino afirmó que recurrirá a organismos internacionales defensores de derechos humanos para garantizar que se respeten los derechos de su clienta y que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

El abogado insistió en que se cometieron delitos graves y que es necesario establecer responsabilidades para evitar que hechos similares se repitan.

Asimismo, señaló que los efectos de estas acciones continúan vigentes, afectando no solo la vida laboral de Meza, sino también su estabilidad emocional y su integración social.

El impacto en el sistema estatal

Este caso ha suscitado un debate sobre las prácticas de vigilancia y el uso de los recursos públicos en Colombia. Las acusaciones plantean interrogantes sobre el control interno de las fuerzas de seguridad y la forma en que se toman decisiones que involucran derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mientras avanza la acción judicial, Marelbys Meza sigue enfrentando un panorama complejo, marcado por la incertidumbre y el esfuerzo por recuperar su vida.

La demanda, según su defensa, es no solo una búsqueda de reparación personal, sino también un llamado de atención sobre las estructuras de poder y su impacto en los derechos de los ciudadanos.

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