Los líos con la justicia de Fernando Vargas Mendoza posible sucesor de Irene Vélez en el ministerio de Minas

La danza de nombres en el Ministerio de Minas y Energía parece haber llegado a su fin con el probable nombramiento de Fernando Vargas Mendoza, actual candidato a la Gobernación de Santander. Este movimiento surge tras el escándalo de la Ministra Irene Vélez, cuya dimisión es vista como un hecho en el Gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, un lío con la justicia disciplinaria puede empañar la designación.

El destino de Vargas Mendoza, quien se perfila como el reemplazo de Vélez, habría sido decidido por Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Se habla de reuniones entre González y Vargas Mendoza, en las que este último habría recibido la propuesta de un puesto de alto nivel en el Gobierno a cambio de suspender su carrera hacia la Gobernación de Santander, como lo reportó El Colombiano.

Este movimiento estratégico no sería sorprendente, dada la amistad de larga data entre González y el Presidente Petro, y el papel de González como una figura influyente en el Gobierno tras asumir responsabilidades del exjefe de gabinete, Laura Sarabia, luego de su escandalosa salida. Además, las habilidades de González para las maniobras políticas son reconocidas, sugiriendo que ha estado trabajando detrás de escena para facilitar la salida de Vélez y la llegada de Vargas Mendoza.

La renuncia de Vargas Mendoza a la Gobernación de Santander favorecería a Rodolfo Hernández, otro candidato fuerte, quien recientemente confirmó su candidatura. El análisis estratégico de González parecería favorecer a todos los participantes, siempre y cuando Vélez se retire, como se espera.

Vargas Mendoza no es un recién llegado a la política en Santander. Como exalcalde de Bucaramanga y cercano aliado del Presidente Petro, ha sido un fuerte candidato para la Gobernación. Su asociación con el gobierno de izquierda y su cercanía a Petro, incluso ayudándolo en su campaña presidencial, son bien conocidas.

Irene Vélez / Twitter @IreneVelezT

Vargas Mendoza, es un ingeniero de sistemas, que además de alcalde de Bucaramanga entre 2008 y 2011, fue fundador de la Universidad de Santander - Udes, senador  de la República en el 2001 y CEO del grupo empresarial Energys, empresa de recursos energéticos.

El asunto de la salida de Irene Vélez se ha vuelto cada vez más candente. A pesar de haber sido una figura clave en el gabinete de Petro, su invulnerabilidad parece estar llegando a su fin. Los rumores sobre su inminente salida resonaban en los pasillos de la Casa de Nariño, incluso antes de que Petro supuestamente solicitara su renuncia.

Vélez ha estado en el centro de varios escándalos relacionados con nepotismo y supuesto tráfico de influencias, lo que ha llevado a la apertura de procesos en la Fiscalía y la Procuraduría. Ahora enfrenta investigaciones por supuestamente usar su posición para influir en funcionarios de Migración Colombia para permitir que su hijo menor de edad viaje sin el permiso notarial requerido. Además, la polémica contratación de su esposo holandés, Sjoerd Van Grootheest, en el Fondo Colombia Paz ha provocado acusaciones de nepotismo. Las horas siguientes podrían confirmar si estos escándalos son suficientes para su salida del Ministerio.

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Pero la estrategia del gobierno puede quedar en el limbo por la situación jurídica de Vargas Mendoza porque  la Procuraduría General en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años contra el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades en la construcción del Parque Extremo en la comuna 9 de Bucaramanga.

De acuerdo a la investigación del ente de control disciplinario, una vez se inició la obra en su primera fase el exmandatario de los bumangueses y el secretario de Infraestructura de la época, Álvaro Ramírez Herrera, modificaron sin ninguna justificación el objeto del contrato para construir un parque de deportes extremos sin tener los estudios técnicos y económicos.

Parque de deportes extremos de Bucaramanga / Alcaldía de Bucaramanga

De hecho, la obra, que estaba inicialmente presupuestada en $3.500 millones, terminó costando casi el doble, ascendiendo a cerca de $7.000 millones. Este exceso llevó a los exfuncionarios, incluyendo a Vargas Mendoza, a firmar un nuevo contrato para cubrir el costo total de la obra, lo que provocó la intervención de la Procuraduría.

La sanción también afectó a otros miembros del gobierno municipal de Bucaramanga. Álvaro Ramírez Herrera, exsecretario de Infraestructura municipal, también fue destituido e inhabilitado por un período mayor, 12 años.

Los expertos en ley administrativa consultados indicaron que este fallo de la Procuraduría entorpece significativamente cualquier posible aspiración que Vargas Mendoza pueda tener para regresar a la política. 

“A partir de hoy comienza a regir esa sanción de 11 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Vargas Mendoza tendría que aplazar sus aspiraciones de llegar a la Gobernación por al menos tres periodos más", explicó un abogado administrativista.

A pesar de la sanción, Vargas Mendoza había estado emergiendo gradualmente en la escena pública, discutiendo sus ambiciones políticas con su círculo más cercano y explorando su posible recepción en varios eventos públicos. Se le asoció particularmente con el Partido Liberal.

La situación de Vargas Mendoza se complicó aún más cuando el Gobierno Nacional se negó a sancionar las reformas al Código Disciplinario. Aunque la ley fue aprobada por el Congreso en diciembre anterior, su no sanción significó que la sanción impuesta a Vargas Mendoza no se reduciría.

Vargas Mendoza ha sido informado del fallo y se ha informado que solicitará su revisión ante el Consejo de Estado, en donde se tramita el proceso actualmente.

Sin embargo, su pasado ya incluye una sanción anterior, impuesta en agosto de 2011. En esa ocasión, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años por firmar un convenio directamente con el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, por un valor aproximado de $900 millones.
 

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