La SIP rechaza proyecto de ley que protege a funcionarios públicos en Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó proyecto de ley que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos de Colombia.

Se trata del artículo 221a nombrado “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, en el que se establecen penas en "prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multas de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

De acuerdo con la SIP. el proyecto de ley supone un riesgo latente para el derecho de la libertad de prensa, por lo que pidió su eliminación por considerar que representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, aseguró que esto se trata de "una herramienta para callar a medios y periodistas" que "servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente".

Además, resaltó el trabajo que la institución hizo durante años en el continente latinoamericano para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, aseguró que el proyecto de ley se trata de "un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas". 

"Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales", concluyen en su pronunciamiento oficial.

El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Primera el pasado 24 de noviembre y pasó a segundo debate, siendo el representante César Augusto Lorduy del partido Cambio Radical el encargado de radicar la ponencia.

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