Karen Abudinen y el escándalo de Centros Poblados: su perspectiva en un libro de 168 páginas

La exministra Karen Abudinen, quien estuvo al frente del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el polémico episodio de los Centros Poblados, ha lanzado un extenso libro de 168 páginas en el que presenta su versión de los hechos que la llevaron a abandonar su cargo. 

Dos años después del estallido del escándalo que involucró a dicha cartera ministerial y a su entonces líder, Abudinen busca aportar una perspectiva única a la discusión.

Durante una entrevista en Blu Radio, Abudinen se adentró en los pormenores del escándalo de los $70.000 millones y detalló cómo su libro es una recopilación exhaustiva de documentos, testimonios y evidencia que busca arrojar luz sobre lo que considera su versión de la verdad. 

La exministra subrayó la importancia de este relato histórico para su propia vida, su familia y los ciudadanos, y destacó la necesidad de reflexionar sobre la Ley 80 en medio de la controversia.

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Abudinen señaló que su objetivo principal es analizar cómo ocurrieron los acontecimientos en cuestión y por qué es esencial plantear una discusión en torno a las deficiencias de la Ley 80. 

Además, la exministra abordó los temas clave de su libro, haciendo hincapié en el impacto que tuvo en su familia y en aquellos que trabajaban en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación la difusión de ciertos contenidos en redes sociales.

El libro de Abudinen también explora la decisión de otorgar el contrato en ese momento particular, argumentando que no tenía alternativa debido a las limitaciones legales, a pesar de las advertencias. 

La exministra enfatizó que el consorcio seleccionado cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, presentando una oferta competitiva que prometía mayor eficiencia y beneficios para los ciudadanos.

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Abudinen reconoció las acciones emprendidas por su ministerio, asegurando que cumplieron con todos los procedimientos legales requeridos. 

Resaltó que, cuatro meses después de la adjudicación del contrato, este fue revocado debido a un proceso de incumplimiento que llevó a la revelación de una garantía falsa. 

Este paso permitió la protección de un billón de pesos en un contrato que originalmente ascendía a $70.000 millones, ya que ahora más de 8.000 colegios están conectados. 

Abudinen concluyó afirmando que los $70.000 millones están en manos de individuos involucrados en actividades criminales.

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