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Gobierno incrementa primas de riesgo en un 30% para funcionarios del Inpec
Medida busca compensar a los guardianes ante el recrudecimiento de la violencia en su contra.
El Gobierno Nacional anunció un incremento del 30% en las primas de riesgo para los funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), incluyendo al cuerpo de custodia, directores y subdirectores de cárceles. La decisión fue confirmada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien señaló que la medida responde a la alarmante violencia que enfrentan los guardianes en el ejercicio de sus funciones.
En lo corrido del 2024, se han registrado cifras preocupantes: 17 guardias del Inpec fueron asesinados y 375 más han recibido amenazas de muerte provenientes de diversos actores delictivos, entre ellos organizaciones narcotraficantes, bandas criminales y guerrillas.
Para implementar este ajuste, el Gobierno modificó el artículo 11 del decreto 446 de 1994, que regula el régimen prestacional de los servidores públicos del Inpec, y realizó cambios al decreto 0301 de 2024. Con estas reformas, se amplía la cobertura de la prima de riesgo para compensar a los funcionarios por el peligro inherente a sus labores diarias.
Esta decisión surge como respuesta a las demandas de los sindicatos del Inpec, quienes han solicitado reiteradamente mejoras en las condiciones laborales y beneficios económicos que reflejen el nivel de riesgo al que están expuestos.
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Violencia contra el Inpec
Desde 2012, se han reportado 90 muertes violentas de miembros del cuerpo de custodia del Inpec, un indicador de la complejidad y peligrosidad de su trabajo. Uno de los casos más recientes y notorios fue el asesinato en mayo del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Élmer Fernández Velasco, un crimen atribuido a la banda criminal 'La Inmaculada' de Tuluá.
Esta organización, según las investigaciones, habría perpetrado este homicidio como represalia por las medidas adoptadas para frenar la delincuencia desde las cárceles, entre ellas el traslado de cabecillas hacia penales de máxima seguridad.
Además, se han documentado “planes pistola” dirigidos contra funcionarios penitenciarios, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los trabajadores del sistema carcelario.
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