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Exempleada de Laura Sarabia solicita indemnización por interceptaciones ilegales
Compensación económica solicitada en audiencia de conciliación.
Una solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación en favor de Fabiola Perea, quien trabajó como empleada doméstica para Laura Sarabia y fue objeto de interceptaciones ilegales en 2023.
La petición busca una reparación económica y un reconocimiento público por los perjuicios sufridos.
Antecedentes del caso
El caso se remonta a inicios de 2023, cuando se reportó la pérdida de un maletín con dinero perteneciente a Laura Sarabia.
A partir de ese incidente, se realizaron interceptaciones telefónicas a Fabiola Perea y a otra exempleada bajo la presunción de que podrían estar vinculadas con organizaciones criminales.
Con el tiempo, se conoció que estas acciones carecían de fundamentos legales, lo que llevó a un escándalo en el ámbito político y judicial.
Dos años después de que se hiciera pública esta situación, Perea reapareció con el respaldo de su abogado, Boris Andrés Lombana, quien radicó la solicitud de conciliación extrajudicial en la Procuraduría.
En el documento, se argumenta que la interceptación ilegal afectó la vida personal y laboral de la exempleada, quien no ha podido encontrar un nuevo empleo desde entonces.
Monto de la reparación solicitada
En la solicitud, se exige una compensación de 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente 640 millones de pesos.
Según la defensa de Perea, la suma corresponde a los daños causados a ella y a sus cinco hijos, quienes también se vieron afectados por las acusaciones que surgieron en el contexto del caso.
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Las entidades mencionadas en el documento como responsables de la reparación son el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Argumentos de la defensa
El abogado Boris Andrés Lombana explicó que la solicitud de conciliación tiene como objetivo que las instituciones mencionadas respondan por los perjuicios ocasionados a su representada.
En declaraciones concedidas a Caracol Radio, señaló que Perea fue vinculada de manera injustificada a una supuesta sustracción de dinero y que, como consecuencia de esa acusación, se llevaron a cabo las interceptaciones ilegales.
Lombana enfatizó que, además de la reparación económica, se busca que las entidades implicadas realicen un acto público de reconocimiento del daño causado. En este evento, según lo solicitado en la conciliación, deberían participar las personas directamente involucradas en el caso, sin importar si aún ocupan cargos en la administración pública.
Próximos pasos en el proceso
Con la radicación de la solicitud, las entidades mencionadas deberán evaluar la viabilidad de un acuerdo conciliatorio.
En caso de que no se logre una solución por esta vía, la defensa de Perea podría presentar una demanda formal ante la justicia para obtener la reparación mediante un fallo judicial.
Hasta el momento, ni la Presidencia ni las demás entidades implicadas han emitido pronunciamientos oficiales sobre la solicitud de conciliación.
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