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En 20 días, Tribunal dirá si Petro incumple la ley al transmitir consejos de ministros

Una demanda presentada por Samuel Ortiz Mancipe argumenta que las reuniones del consejo de ministros son reservadas y su transmisión pública incumple la Ley 63 de 1923.

CONSEJO DE MINISTROS 13 MARZO
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 13/03/2025 - 11:47 Créditos: Cuenta X @infopresidencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la que se cuestiona la legalidad de transmitir públicamente los consejos de ministros. En un plazo de 20 días, el Tribunal emitirá un pronunciamiento oficial que podría definir si esta práctica se ajusta o no a la ley.

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La demanda, basada en la Ley 63 de 1923, argumenta que las sesiones del consejo de ministros tienen carácter reservado y que su transmisión pública vulnera esta disposición legal. Según el artículo 9º de dicha ley, las reuniones del consejo de ministros, como cuerpo consultivo, son “absolutamente reservadas” y no se puede revelar ni el nombre del ministro responsable de cada asunto discutido.

Samuel Ortiz Mancipe, el demandante, sostiene que la transmisión de estas reuniones, que ha sido una práctica recurrente durante el gobierno del presidente Petro, incumple la normativa vigente. En su argumentación, señala que la transparencia no puede estar por encima de la reserva que establece la ley para este tipo de encuentros gubernamentales.

El Tribunal, en su providencia, ordenó notificar al Dapre y al presidente de la República, y les otorgó un plazo de tres días para presentar pruebas y argumentos en su defensa. Además, se les solicitó remitir el expediente administrativo con los antecedentes del caso, conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997 y la Ley 2213 de 2022.

En los próximos días, el Tribunal de Cundinamarca analizará las pruebas y argumentos presentados por ambas partes antes de emitir su fallo. Mientras tanto, el gobierno nacional tendrá la oportunidad de defender su postura y justificar la legalidad de la transmisión de los consejos de ministros.

 

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