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Dudas con canciller Murillo: devolvió poder de contratación a secretario general revocado por Álvaro Leyva
El funcionario en el ojo del huracán. Dudas sobre su lealtad con el gobierno expresan políticos.
El canciller encargado y embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, tiene los reflectores de la Casa de Nariño sobre su espalda.
Una de sus primeras medidas al frente del ministerio de Relaciones Exteriores fue el restablecimiento de la facultad y autonomía de contratación al secretario general, José Antonio Salazar, a quien éste lunes 26 de febrero públicamente el presidente Gustavo Petro calificó de traidor por haberle adjudicado la licitación de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
Y es que con este acto administrativo Murillo revirtió una decisión de su jefe suspendido Álvaro Leyva.
En octubre del año pasado, Leyva había retirado dichas facultades a Salazar en un contexto en el que se declaró desierta la licitación para los pasaportes, a pesar de que la empresa Thomas Greg & Sons había logrado una puntuación perfecta en el proceso.
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Esta decisión de Leyva fue interpretada por muchos como un intento de mantener la transparencia y la integridad en los procesos de contratación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la reciente Resolución Ministerial 1344, fechada el 22 de febrero, ha marcado un cambio de rumbo. Esta resolución, firmada por Murillo, no solo devuelve a Salazar su rol como representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio, sino que también le otorga la dirección de todos los procesos de contratación.
Como resultado, Salazar ha procedido a adjudicar el controversial y lucrativo contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, una decisión que ha levantado suspicacias y generado un sinnúmero de interrogantes sobre las motivaciones detrás de este cambio.
La decisión de Murillo se aleja notablemente de la línea adoptada previamente por Leyva, quien había asumido un control directo sobre la contratación para evitar posibles irregularidades.
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La restitución de poderes a Salazar no solo cambia la dirección de la política de contratación del ministerio, sino que también plantea preguntas sobre la continuidad y la coherencia de las políticas internas de la entidad.
Luis Gilberto Murillo, conocido por su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos y por su anterior papel como ministro de Ambiente, no ha proporcionado explicaciones detalladas sobre las razones detrás de su decisión, lo que ha alimentado el debate público y la especulación.
En un comunicado de prensa del 23 de febrero, la Cancillería anunció la reasignación de competencias a Salazar sin entrar en detalles sobre las motivaciones subyacentes.
Cuando se le preguntó a Salazar sobre este cambio, sugirió que interpretó la resolución de Murillo como una señal para proceder según su criterio, basándose en la Constitución y la ley.
Sin embargo, no proporcionó una justificación concreta que esclareciera las razones detrás de la decisión de retomar la licitación original y adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons.
Este caso se complica aún más con la existencia de dos licitaciones distintas: la Licitación 001 de 2023, suspendida previamente por Leyva, y la Licitación 003 de 2023, una suma considerablemente más grande que también está bajo escrutinio.
La decisión de Murillo de suspender la segunda licitación mientras se revisan las observaciones añade otra capa de complejidad al asunto, dejando a los observadores y a la ciudadanía en espera de clarificaciones y justificaciones por parte de los involucrados en este intrincado proceso de contratación.
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