Donantes de campaña de Luis Pérez vinculados a contratos en alcaldía de Quintero por más de 6.500 millones

Como en anteriores campañas electorales, la relación entre candidatos y donantes con contratos gubernamentales vuelve a ser tema de debate en la contienda política de Medellín. 

En esta ocasión, reveló El Colombiano que varios contribuyentes de la campaña de Luis Pérez han sido beneficiados con contratos por un total de más de $6.500 millones durante la actual alcaldía de Daniel Quintero.

En una investigación realizada por el portal Cuentas Claras, se ha identificado que tres de los donantes de la campaña de Pérez han sido adjudicatarios de contratos, algunos de ellos directamente con la Alcaldía de Medellín y otros a través de acuerdos con instituciones educativas como el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

El primer donante en cuestión es Compuestudio Ltda, que contribuyó con $10 millones a la campaña de Pérez. En el año 2021, esta empresa firmó su primer contrato con el Colegio Mayor por un monto de $1.030 millones, destinado a la certificación de talento humano especializado en industrias 4.0 a través de cursos cortos.

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Actualmente, Compuestudio Ltda tiene un contrato vigente hasta diciembre por 379 millones de pesos con la misma institución, enfocado en la certificación de talento humano en la gestión de datos.

La Fundación Andina para el Desarrollo de la Educación y el Ser (FundaSer) es otro donante relevante, aportando $10 millones a la campaña de Pérez. Esta fundación ha suscrito un total de 11 contratos, de los cuales dos están activos con el Pascual Bravo y el ITM, con un valor conjunto de $1.375 millones.

La suma total de los contratos adjudicados a FundaSer supera los $5.157 millones, distribuidos en acuerdos con el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, la Alcaldía de Medellín y el ITM.

En tercer lugar, Claudia Pérez Velásquez, contratista que donó $26.135.000 a la campaña de Pérez, destaca por la cuantía de sus contratos, que ascienden a $53 millones por actividades realizadas entre enero y agosto de este año.

La recepción de donaciones por parte de contratistas públicos no solo genera cuestionamientos éticos, sino que también podría tener implicaciones penales. Este acto podría incurrir en el delito de "financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas," establecido en el Código Penal de 2000, con penas de 4 a 8 años de cárcel para el gerente de la campaña y el candidato, además de una multa que podría alcanzar hasta $1.392 millones.

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