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Disputa entre Daniel Briceño y Gustavo Bolívar a quien señala de compra de tiquetes por $1.900 millones en DPS
El concejal denuncia la nueva adquisición en la administración del director de la entidad.
El concejal Daniel Briceño, perteneciente al partido Centro Democrático, ha elevado una nueva acusación en contra de Gustavo Bolívar, quien recientemente asumió la dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS.
Esta vez, la denuncia se centra en un supuesto contrato para la adquisición de tiquetes aéreos, tanto nacionales como internacionales, con un valor superior a los 1.900 millones de pesos.
Segundo acto de Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social luego de pedir cotizaciones para comprar vehículos:
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 9, 2024
Abrir un proceso de contratación para comprar tiquetes aéreos nacionales e internacionales por $1.902.810.000 para su entidad
La resolución es del 6 de marzo. pic.twitter.com/24Flo9uaBk
Según detalló Briceño, el contrato habría sido publicado el 6 de marzo, tan solo un día después de que Bolívar tomara posesión de su cargo en el DPS.
El objetivo del contrato, según se desprende de su contenido, es "atender las necesidades de desplazamiento de los servidores públicos y contratistas" vinculados al departamento.
Este anuncio se produce en un contexto de tensión creciente entre Briceño y Bolívar. El concejal ya había lanzado una acusación previa, relacionada con una cotización para la adquisición de seis vehículos híbridos.
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Aunque esta primera denuncia fue desmentida por Bolívar, quien calificó al concejal de mentiroso y afirmó haber cancelado la cotización, la disputa no ha mostrado signos de apaciguamiento.
En respuesta a las críticas, Bolívar, a través de su cuenta en la plataforma X, refutó las acusaciones y defendió su gestión, subrayando su compromiso con la austeridad y la correcta administración de los recursos públicos, especialmente en un país donde aún persiste el hambre.
El concejal Briceño, por su parte, ha anunciado su intención de presentar una denuncia formal ante la Procuraduría, argumentando que la administración actual debe honrar sus promesas de campaña y garantizar la austeridad y el buen uso de los fondos estatales.
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