Corte Suprema de Justicia de Colombia absuelve a 210 congresistas en caso del 'Cartel de la Mermelada'

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en una decisión histórica, se abstuvo de abrir una investigación penal en contra de 210 congresistas implicados en el caso del 'Cartel de la Mermelada'. Este caso se relaciona con la ley que permitió el referendo por la paz en 2016 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El 'Cartel de la Mermelada', así denominado por los denunciantes, refiere al presunto trámite irregular de la ley estatutaria 1745 de 2014, conflictos de intereses, tráfico de influencias y aceptación de sobornos en forma de contratos y puestos burocráticos a cambio de votos a favor de la ley. La acusación fue realizada por una red de veedurías y ciudadanos, entre ellos Ricardo Cifuentes Salamanca y Eduardo Carmelo Padilla, en 2013.

No obstante, tras examinar las alegaciones en un extenso documento de 125 páginas divulgado por W Radio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que no había mérito para abrir una investigación penal formal. Las denuncias, según la Corte, eran genéricas, especulativas, carecían de pruebas contundentes y no especificaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos delitos.

La Corte criticó la falta de coherencia en los testimonios de los denunciantes, señalando contradicciones y apuntando a la ausencia de pruebas tangibles. Pese a las graves acusaciones presentadas en los medios de comunicación, durante las audiencias ante la Corte, no se aportó ninguna prueba sustancial.

En su decisión, la Corte refutó la idea de que las recomendaciones de los congresistas constituyeran un tráfico de influencias. Además, enfatizó que los testimonios de los senadores de oposición Iván Cepeda y Álvaro Uribe, quienes afirmaron no tener conocimiento sobre el asunto, contradecían las acusaciones planteadas en los medios.

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Además, la Corte encontró discrepancias entre las acusaciones presentadas en los medios y las pruebas presentadas en la corte. Citó el ejemplo del Centro Democrático, que acusó al gobierno de Santos de favorecer a congresistas en los medios, pero no presentó pruebas en la corte.

La Corte también expresó su preocupación por las denuncias presentadas desde un correo electrónico sin personería jurídica, dirección o vocero responsable. Asimismo, la Corte se refirió a la dificultad de verificar las acusaciones sobre proyectos sospechosos, dada la cantidad de proyectos aprobados durante el periodo relevante.

Finalmente, la Corte Suprema decidió no abrir una investigación penal contra los 210 congresistas acusados, ordenó archivar las actuaciones contra 7 congresistas que habían fallecido, y transfirió el caso de los excongresistas Mauricio Lizcano, Luis Fernando Velazco y Armando Benedetti a la Fiscalía General de la Nación, ya que la Corte carece de competencia para decidir en sus casos debido a sus actuales roles como ministros y embajador.
 

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