Corte Constitucional tumba reforma al Código Electoral

La Corte Constitucional anuló nuevamente la reforma al Código Electoral. En esta ocasión, la Sala Plena del tribunal encontró diversas irregularidades en el proceso legislativo durante su paso por el Congreso, lo que llevó a la decisión de invalidar la reforma.

Esta es la segunda vez que la Corte toma esta medida respecto a la reforma, la cual había sido promovida por el exregistrador Alexander Vega. La reforma ya había sido invalidada anteriormente por razones similares relacionadas con problemas en el procedimiento legislativo.

La decisión de la Corte fue tomada por unanimidad, y la ponencia estuvo a cargo de los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.

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Y es que en abril de 2022 cuando Alexander Vega, hoy co presidente del Partido de la U fungía como registrador, el alto tribunal le tumbó por primera vez la reforma por vicios de fondo.

Para ese momento, la decisión fue adoptada por una mayoría de seis votos, argumentando que el proyecto presentaba irregularidades en su trámite, al haberse aprobado como una Ley Estatutaria durante sesiones extraordinarias del Congreso y de forma virtual, lo cual, según los magistrados, no es procedente.

Los togados que votaron a favor de la reforma fueron Gloria Stella Ortiz, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibañez. En oposición, se manifestaron Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Cristina Pardo, Diana Fajardo.

Dicho debate se inició en la Sala Plena de la Corte, donde los magistrados también tuvieron que resolver impedimentos presentados por Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares y Diana Fajardo, los cuales fueron rechazados.

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Aunque el magistrado Jorge Enrique Ibáñez abogó por la aprobación de la reforma en su ponencia, la mayoría de la Corte consideró que el Congreso no podía aprobar una Ley Estatutaria durante sesiones extraordinarias. 

Este proyecto, en particular, proponía modificaciones al derecho fundamental de participación política.

La reforma al Código Electoral era un proyecto clave para el registrador Alexander Vega, quien contaba con el apoyo del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y el gobierno de Iván Duque. Con esta reforma, Vega buscaba actualizar las leyes electorales, vigentes desde 1985.

Los magistrados que votaron en contra de la reforma argumentaron que la tramitación del proyecto presentaba las mismas irregularidades señaladas por diversos sectores políticos, económicos, gremiales y académicos, quienes también solicitaban su anulación.

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La representante a la Cámara María José Pizarro señaló que el trámite de la reforma era ilegal por haberse realizado de manera virtual, citando la Sentencia C-242 de 2020 de la Corte, que recomienda al Congreso sesionar presencialmente cuando se trata de reformas de gran envergadura.

En la misma línea, la senadora Angélica Lozano argumentó que la falta de una discusión pública amplia y presencial sobre la Ley Estatutaria ponía en duda la legalidad del trámite del Código Electoral.

Por su parte, el entonces registrador Vega defendió la legalidad del procedimiento, asegurando que la aprobación de leyes en modalidad virtual era válida, y que la reforma constitucional podía aprobarse en sesiones extraordinarias, sosteniendo que la Constitución no excluye expresamente esta posibilidad.

El trámite de la reforma en el Congreso se realizó bajo una presión significativa, culminando el último día de sesiones extraordinarias de diciembre de 2020, gracias al apoyo de la coalición de Gobierno y al lobby del registrador Vega. Este proceso ignoró las advertencias de algunos senadores y representantes sobre la legalidad de aprobar el proyecto en esas circunstancias.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 118 votos en la Cámara de Representantes y mayorías en el Senado, impulsado por la coalición de Gobierno. Sin embargo, con la decisión de la Corte, se anulan varias disposiciones propuestas en la reforma.

Entre las propuestas que se cayeron destacan la paridad de género en las listas electorales, la creación de más de mil nuevos cargos en la Registraduría, el control previo a encuestas por parte del Consejo Nacional Electoral, la posibilidad de que sancionados puedan ser candidatos, y el monopolio del control biométrico por parte del registrador.

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