Congresista María Fernanda Carrascal usa vehículo de UNP y escoltas para hacer trasteo

Un informe recientemente publicado por la revista Cambio ha puesto en el centro de la controversia a la congresista María Fernanda Carrascal, integrante de la bancada de gobierno en el Congreso, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial asignado a su esquema de seguridad.

La denuncia se originó a partir del testimonio de un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien registró el hecho a través de una comunicación escrita y fotografías.

Según el reporte del escolta, el 18 de enero del presente año, mientras cumplía sus funciones de protección a la congresista, observó que la camioneta Toyota TXL asignada a su seguridad estaba siendo utilizada para el transporte de objetos personales.

En las imágenes, el vehículo aparece cargado con varias cajas y una mesa de plancha. Además, el denunciante afirmó que la persona que conducía la camioneta en ese momento era el hermano de la representante Carrascal, lo que constituiría otra infracción, pues la normativa establece que solo los funcionarios designados pueden manejar estos automotores.

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El Manual de Uso y Recomendaciones de Medidas de Prevención y Protección de la UNP estipula que los vehículos oficiales deben destinarse exclusivamente a la protección de los beneficiarios del esquema de seguridad y no pueden ser utilizados con fines personales ni conducidos por terceros no autorizados. En este caso, se estarían incumpliendo ambos lineamientos.

En respuesta a la denuncia, la congresista se pronunció a través de su cuenta en la red social X, rechazando la versión divulgada por la revista. En su mensaje, sostuvo que no utilizó el vehículo para realizar un trasteo, aunque sí admitió haber trasladado en él algunos objetos de valor. Según su explicación, contrató una empresa especializada para el traslado de sus pertenencias y solo transportó en la camioneta elementos delicados, como lo haría cualquier persona al resguardar sus bienes más frágiles.

El debate generado por este caso ha reavivado la discusión sobre el uso de recursos públicos por parte de los funcionarios y la necesidad de garantizar que los bienes asignados para su seguridad no sean utilizados para asuntos ajenos a sus funciones. Hasta el momento, la UNP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha informado si se abrirá una investigación formal.

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