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Comisión de Acusación realizará inspección al Consejo Nacional Electoral por caso de Gustavo Petro
Razones de la decisión de la célula congresional.
El próximo martes 28 de enero se llevará a cabo una diligencia de inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de la investigación que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.
Este proceso está relacionado con la presunta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial del año 2022.
La investigación se reactivó tras las decisiones adoptadas por el CNE, que resolvió abrir un pliego de cargos contra el mandatario y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, quien actualmente ejerce como presidente de Ecopetrol.
Según el CNE, se identificaron posibles irregularidades relacionadas con un excedente en los topes de financiación por un monto superior a los 5.355 millones de pesos.
De los nueve magistrados que conforman el organismo, siete votaron a favor de esta medida, argumentando la necesidad de esclarecer los hechos.
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Con el fin de avanzar en el proceso, la Comisión de Acusación ha solicitado acceso a la documentación relevante y a los archivos relacionados con el expediente identificado como CNE-E-DG-2023-00216.
En un oficio enviado al CNE, los representantes investigadores designados por la Comisión solicitaron la colaboración de los magistrados y del personal administrativo para garantizar el desarrollo de la diligencia programada.
La cita está prevista para las 9:00 a.m. del martes en las instalaciones del tribunal electoral.
El comunicado emitido por la Comisión señala que, en cumplimiento de la decisión del 17 de octubre de 2024, se requiere realizar esta inspección judicial con el objetivo de recolectar elementos que permitan esclarecer los hechos investigados.
El documento también solicita a las autoridades del CNE facilitar el acceso del equipo designado, que estará encabezado por los representantes investigadores Alirio Uribe Muñoz, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Gloria Elena Arizabaleta.
El caso ha generado un amplio debate, dado que implica a un mandatario en ejercicio y pone bajo la lupa el financiamiento de su campaña.
La investigación se centra en determinar si hubo incumplimientos de las normas electorales vigentes y si se incurrió en responsabilidades administrativas o legales que ameriten sanciones.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene la tarea de continuar con las indagaciones, recolectar pruebas y, eventualmente, determinar si existen méritos para adelantar un juicio político contra el presidente.
Por su parte, el CNE deberá proporcionar toda la información requerida para garantizar el cumplimiento del procedimiento judicial en el marco de las leyes colombianas.
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