Colombia solicita explicaciones a Estados Unidos por presunta participación en el caso Pegasus

La Cancillería de Colombia solicitó una reunión urgente con la embajada de Estados Unidos tras conocerse revelaciones sobre el presunto apoyo de ese país en la adquisición del software de vigilancia Pegasus, utilizado en Colombia. La noticia generó preocupación en el gobierno colombiano, que calificó las nuevas informaciones como “muy graves”.

El canciller Luis Gilberto Murillo ordenó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, que gestionara este encuentro a través de los canales diplomáticos tradicionales. La intención es aclarar las circunstancias en torno a la compra y uso de Pegasus en territorio colombiano y precisar si hubo una participación directa de Estados Unidos.

El embajador García Peña ya ha establecido contacto con funcionarios de la Casa Blanca, a quienes transmitió la preocupación expresada por el canciller Murillo. Según informes, está prevista una reunión con dichos funcionarios en Washington en el transcurso del día, en la cual se espera abordar el papel de Estados Unidos en la adquisición del software y su relación con las políticas de seguridad en Colombia.

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La polémica sobre Pegasus se intensificó luego de que el diario El Tiempo publicara que el software no fue adquirido con fondos ilegales, sino que habría sido financiado y donado por Estados Unidos como una herramienta para operaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Además, el software habría dejado de usarse en 2022, antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, lo que sugiere que no se utilizó para espiar al mandatario ni a su campaña.

Ante estas revelaciones, el presidente Petro indicó que, de confirmarse, estas circunstancias agravarían las denuncias que él ya había hecho sobre el uso de Pegasus en Colombia. Sin embargo, hasta el momento, el mandatario no ha dado más declaraciones sobre el tema, a la espera de la información que pueda surgir del encuentro diplomático solicitado.

Este caso suscita interrogantes sobre la transparencia y el uso de tecnología de vigilancia en el país, así como el rol de actores internacionales en operaciones de inteligencia. 

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