CNE ordena nuevas pruebas en investigación contra campaña de Petro por presunta violación de topes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la investigación contra la campaña Petro Presidente 2022-2026 por presunta violación de topes electorales y ha ordenado una serie de pruebas clave para esclarecer el presunto desbalance financiero de $5.400 millones.

Entre las medidas dispuestas por los magistrados investigadores, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se encuentra el requerimiento a la Sociedad Aérea de Ibagué para que entregue los registros de los vuelos realizados por la aeronave HK5328 durante la campaña de primera vuelta. El objetivo es determinar si hubo desplazamientos ajenos a la actividad proselitista.

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Además, el tribunal electoral citó a declarar a varias personas vinculadas con la financiación de la campaña. Ralph Alirio Castillo, señalado como el responsable de gestionar donaciones de Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), deberá comparecer el 20 de marzo a las 11:00 a.m. Por su parte, Henry Jara Jara, representante legal de la USO, declarará el 1 de abril a las 8:00 a.m. sobre la contribución del sindicato a la campaña presidencial.

Ese mismo día, a las 10:00 a.m., el exsuperintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, quien también fungió como representante legal de la Colombia Humana, deberá rendir su versión ante el CNE respecto a una donación de 500 millones de pesos por parte de Fecode que no habría sido reportada a las autoridades electorales.

Asimismo, fueron citados Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica (UP); Andrés Álvarez, gerente de campaña en Bogotá; y Martha Bolívar, quien apoyó la estrategia de veeduría de votos del Pacto Histórico.

A pesar de las diligencias ordenadas, la defensa del presidente Petro ha insistido en que el CNE no tiene competencia para investigarlo debido a su investidura. Sin embargo, el exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha solicitado varias pruebas en el proceso.

Con estas nuevas pruebas, el CNE busca determinar si hubo irregularidades en la financiación de la campaña y si se superaron los topes establecidos por la ley electoral.

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