Campaña presidencial de Gustavo Petro: nuevo lío por financiación

El panorama político en Colombia se torna turbulento tras las últimas revelaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro, actual Presidente de la República. El epicentro de esta tormenta se sitúa en el testimonio brindado por Nicolás Petro, hijo del mandatario, el pasado 4 de agosto de 2023.

Recientemente, las autoridades estadounidenses han detenido a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, piloto colombiano y presunto narcotraficante. Está siendo investigado por su supuesta participación en un envío de cocaína interceptado en mayo de 2021. 

La empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), relacionada con Restrepo, ha sido mencionada en investigaciones del Consejo Nacional Electoral por conexiones con la campaña de Petro. Durante una auditoría, se descubrió un saldo pendiente de 2.770 millones de pesos a nombre de Sadi SAS, reportó El Tiempo.

Pese a los hallazgos, desde Sadi SAS se defendieron afirmando no haber tenido comunicación con el CNE y desconocer la situación legal de Restrepo en Estados Unidos. A esto se suman dudas sobre la actual posición accionaria del piloto en la firma. Germán Palacio, abogado representante de Ricardo Roa, gerente de la campaña en ese entonces, aseguró que todo está en regla y que la elección de Sadi SAS se basó en criterios económicos.

Sin embargo, las aguas se agitaron aún más cuando Nicolás Petro ofreció un testimonio explosivo. Aseguró poseer pruebas de la entrada de dinero ilegal a la campaña y se comprometió a identificar tanto los montos como a los responsables de estos fondos. Sorprendentemente, reveló que entre los financiadores se encontraba un exnarcotraficante de la región del Caribe y empresarios como Máximo Noriega y Óscar Camacho.

Máximo Noriega habría jugado un papel clave al actuar como intermediario para la entrada de dinero proveniente de Samuel Santander Lopesierra, también conocido como "El hombre Marlboro".

Nicolás Petro resaltó su compromiso con la campaña de su padre y aseguró que tanto el Presidente como el gerente de campaña desconocían el origen ilícito de parte de los fondos. Asimismo, prometió pruebas adicionales que involucrarían a más actores en actividades irregulares relacionadas con la campaña.

Este nuevo capítulo en la política colombiana suscita preguntas sobre la transparencia en el financiamiento de campañas y pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia en el ámbito electoral. Se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre la veracidad de estas acusaciones y los vínculos entre la política, el narcotráfico y el empresariado en Colombia.

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