Advierten que aprobación de reforma al Sistema General de Participaciones costará más de 9 reformas tributarias

Tras un extenso debate que se prolongó por cerca de 12 horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en su octava y última discusión, la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

Este proyecto, que tiene como objetivo incrementar las transferencias del Estado hacia las regiones, ha generado controversia debido a los posibles impactos que podría tener sobre las finanzas públicas.

La votación concluyó con 124 votos a favor y tres en contra. El próximo paso será la conciliación con el Senado, tras lo cual la iniciativa será remitida al presidente Gustavo Petro para su sanción y entrada en vigor como Ley de la República.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó satisfacción por la aprobación del proyecto y lo calificó como una de las reformas constitucionales más significativas desde la promulgación de la Constitución de 1991.

Según el funcionario, durante el trámite legislativo se lograron superar obstáculos y ajustar diversos aspectos para alcanzar un consenso entre los legisladores.

¿Qué implica la reforma al SGP?

El Sistema General de Participaciones es el mecanismo a través del cual el Gobierno Nacional transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para financiar servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Según el Ministerio del Interior, esta reforma busca fortalecer la descentralización consagrada en la Constitución de 1991, otorgando mayor autonomía a las entidades territoriales en la gestión de los recursos.

El proyecto propone un incremento gradual en la proporción de los ingresos corrientes de la Nación destinados a los entes territoriales, pasando del 20 % actual a un 39,5 % en un periodo de 12 años.

Inicialmente, la propuesta contemplaba un aumento al 46 %, pero este porcentaje fue ajustado durante el trámite legislativo. La reforma está condicionada a la aprobación, entre 2025 y 2026, de una Ley de Competencias, que establecerá nuevas responsabilidades para los entes territoriales.

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Críticas y advertencias sobre el impacto fiscal

Diversos sectores han expresado preocupaciones sobre las implicaciones fiscales de esta reforma. Durante el debate, la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, expuso cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda que alertan sobre el esfuerzo económico que requerirá su implementación.

Según Miranda, financiar esta reforma implicaría la necesidad de realizar nueve reformas tributarias de magnitud similar a las más recientes, que han recaudado un promedio de $16 billones anuales.

La representante calificó el proyecto como irresponsable y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A estas críticas se sumó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que señaló los riesgos que los cambios al SGP podrían implicar para la deuda pública y el déficit fiscal.

El Carf enfatizó que antes de aprobar modificaciones de esta naturaleza, es fundamental analizar las competencias que pueden transferirse a las entidades territoriales, su capacidad de ejecución y las necesidades de gasto sectorial.

Asimismo, destacó que un aumento en la rigidez de las transferencias y la imposición de nuevas obligaciones fiscales podrían comprometer el cumplimiento de la regla fiscal.

Próximos pasos y posibles escenarios

La entrada en vigor de esta reforma dependerá de la aprobación de la Ley de Competencias, que asignará mayores responsabilidades a los entes territoriales. Una vez superado este trámite, las transferencias aumentarán de manera gradual hasta alcanzar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación.

Aunque la reforma busca fortalecer la autonomía territorial y mejorar la inversión en programas de desarrollo regional, los debates sobre su impacto económico continuarán siendo un punto clave en la agenda pública. Por ahora, el proyecto avanza hacia su etapa final en el Senado, con la mirada puesta en las posibles implicaciones a largo plazo para el equilibrio fiscal del país.

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