Tribunal Supremo en el exilio reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, con sede en Miami, Estados Unidos, emitió un pronunciamiento en el que reconoce a Edmundo González Urutia como presidente electo de Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El TSJ en el exilio ha ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) completar los actos pendientes para oficializar los resultados y declarar formalmente a González Urutia como presidente electo del país.

“Se ordena al Consejo Nacional Electoral completar los actos electorales relativos a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024, declarando como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Edmundo González Urrutia”, señala el Tribunal. 

En su comunicado, el Tribunal en el exilio cuestionó la legitimidad del CNE y la actuación del régimen de Nicolás Maduro, afirmando que la judicialización del proceso electoral tiene como objetivo convalidar la inconstitucionalidad encabezada por Maduro junto a los rectores del CNE. Según el TSJ en el exilio, el proceso electoral estuvo marcado por varias irregularidades, careciendo de las garantías necesarias para la transparencia del sufragio.

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“Se pasa al escrutinio, el cual tiene un lapso máximo de 48 horas con la presentación de los resultados, adjudicación y finalmente la reclamación de quien resulte ganador. Todos estos actos tienen que cumplirse cabalmente y de manera progresiva para garantizar la transparencia del resultado”, declaró el TSJ en su pronunciamiento.

Además, el Tribunal denunció que la intervención del TSJ oficialista en el proceso invade las facultades exclusivas del CNE, según el artículo 293 de la Constitución venezolana.

A pesar del pronunciamiento del TSJ en el exilio, el régimen de Nicolás Maduro no reconoce su autoridad, lo que limita el impacto de esta declaración en el sistema legal y el gobierno venezolano. El enfrentamiento entre el TSJ en el exilio y las instituciones controladas por el gobierno de Maduro subraya la profunda crisis de legitimidad y confianza en el proceso electoral del país.

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