Polémica: para gobierno de la India relaciones sexuales no consentidas en matrimonio no es violación

El gobierno de la India presentó una declaración ante el Tribunal Supremo, en la que se manifestó en contra de la posibilidad de clasificar los actos sexuales no consentidos dentro del matrimonio como violación.

La razón expuesta por el Ministerio del Interior es que considerar estos actos como violación sería una medida "excesivamente severa" y podría afectar negativamente las relaciones conyugales y la estabilidad del matrimonio como institución.

El documento entregado responde a una serie de peticiones que buscan eliminar la excepción en el código penal indio, la cual establece que el acto sexual no consentido entre un hombre y su esposa no es considerado violación, siempre que la esposa no sea menor de 18 años.

En su argumentación, el gobierno reconoció que ningún esposo tiene el derecho a imponer su voluntad sexual sobre su pareja, pero insistió en que etiquetar dicha conducta como violación podría ser desproporcionado.

El gobierno defendió la necesidad de mantener un enfoque equilibrado en torno a este tema, señalando que la transgresión del consentimiento dentro del matrimonio sí debe tener consecuencias legales.

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Sin embargo, subrayó que las implicaciones de un acto de este tipo dentro del matrimonio son distintas a las de una violación fuera de él, y por tanto requieren un tratamiento jurídico diferente.

Esta postura del gobierno federal es la primera declaración oficial en contra de las peticiones para modificar la ley en torno a la violación conyugal bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi.

En 2022, durante una audiencia en el Tribunal Supremo de Delhi, el fiscal general, Tushar Mehta, había indicado que el gobierno estaba revisando las leyes penales en relación con este tema y que se necesitaba más debate antes de tomar una postura definitiva.

El documento presentado por el Ministerio del Interior también aborda la complejidad del consentimiento dentro del matrimonio, sugiriendo que una acusación de violación conyugal podría tener consecuencias que no reflejan la naturaleza particular de la relación matrimonial.

El gobierno advirtió que la clasificación de estos actos como violación podría perturbar las relaciones entre esposos y afectar la institución matrimonial en su conjunto.

En su declaración, el gobierno citó factores culturales y socioeconómicos como razones para mantener la excepción legal vigente.

Además, resaltó que esta es una cuestión social más que jurídica, lo que implica que su resolución debe involucrar la consulta a todas las partes interesadas y considerar las diversas perspectivas de los diferentes estados del país.

El gobierno finalizó su exposición reiterando que el consentimiento en el matrimonio no puede ser ignorado y debe ser respetado, aunque insistió en que las obligaciones y expectativas dentro del matrimonio son cualitativamente distintas a las que existen fuera de él. Por tanto, cualquier cambio en la legislación debe tener en cuenta esta diferencia fundamental.

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