Parlamento de Israel aprueba proyecto que limita el poder judicial pese a las protestas

En un giro histórico y polémico, el parlamento de Israel aprobó una ley que restringe ciertos poderes de la Corte Suprema, un proyecto impulsado por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. El anuncio fue realizado por el presidente de la Knesset, quien confirmó el recuento de votos.

El proyecto de ley fue aprobado con un sorprendente margen de 64-0, después de que los legisladores de la oposición, en una dramática protesta, abandonaran el recinto de la Knesset antes de la votación.

Previamente, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, había revelado que las conversaciones para buscar una solución a la controversial reforma judicial habían fracasado. El proyecto de ley fue sometido a votación el lunes, justo un día después de que el primer ministro Netanyahu se sometiera a la colocación de un marcapasos.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a no apresurarse con las reformas cada vez más "divisivas", en consideración a los otros desafíos que enfrenta este importante aliado de Estados Unidos.

Mientras tanto, el Movimiento por el Gobierno de Calidad, un importante grupo de la sociedad civil israelí, ha declarado que desafiará la nueva ley en la Corte Suprema, sumándose así a las crecientes protestas.

Este grupo de base criticó fuertemente la votación, acusando al "gobierno de extremistas de Netanyahu de imponer su ideología marginal a millones de ciudadanos". “Nadie puede predecir el alcance del daño y la agitación social que seguirá a la aprobación de la legislación", dijo un portavoz del grupo.

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Tras la aprobación de la ley, el Ministro de Justicia, Yariv Levin, quien fue el arquitecto del plan, dijo que el parlamento había dado el "primer paso en un importante proceso histórico" para revisar el poder judicial. Sin embargo, muchos críticos sostienen que esta revisión amenaza la independencia del sistema judicial en Israel.

En enero el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, propuso una reforma judicial a la que señalan de alterar el equilibrio de poder en Israel, reduciendo el poder de la Corte Suprema e incrementando el del Parlamento. 

Esta propuesta ha sacudido la nación, llevando a decenas de miles de ciudadanos a las calles en unas protestas históricas contra lo que consideran un atentado a la democracia.

Desde su retorno al poder en 2022, Netanyahu ha liderado un gobierno integrado por su partido, Likud, y varias formaciones ultraconservadoras y ultraortodoxas. Este ejecutivo, el más derechista en la historia de Israel, cuenta con 64 de los 120 escaños en la Knéset, el parlamento unicameral del país.

La relación entre este nuevo gobierno y la Corte Suprema ha sido tensionante. Aunque la Corte permitió que Netanyahu se presentara a las elecciones a pesar de estar bajo investigación por corrupción, también ordenó la suspensión de un ministro por fraude fiscal. 

Como respuesta, el gobierno ha propuesto una controvertida reforma judicial, arguyendo que la Corte Suprema es una entidad politizada que obstaculiza sus esfuerzos y prioriza los derechos de las minorías.

La reforma se presenta en tres frentes: Primero, la creación de una cláusula de anulación para permitir que la Knéset promulgue leyes desafiadas por la Corte Suprema. 

Segundo, una expansión del comité de selección de jueces, asegurando una mayoría en favor del ejecutivo. 

Tercero, la Corte Suprema perdería la capacidad para inhabilitar ministros o juzgar mociones para declarar no apto al primer ministro.

Las opiniones sobre la reforma están fuertemente divididas. Los defensores de la medida argumentan que la Corte Suprema ejerce un poder excesivo y que este reajuste es un ejercicio de responsabilidad democrática. 

Sin embargo, los detractores denuncian que la reforma judicial representa un ataque a los derechos de las minorías y un primer paso hacia un régimen autoritario. La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, ha acusado a Netanyahu de intentar aplastar el poder judicial y dañar la democracia.

Mientras tanto, las protestas continúan, y la oposición ha propuesto la creación de una constitución para evitar la implementación de la reforma judicial. La situación actual parece cada vez más incierta, incluso dentro del mismo gobierno, donde el primer ministro ha destituido al titular de Defensa, Yoav Gallant, después de que este se opusiera a la reforma.

El futuro de la política y la sociedad israelí puede depender de la resolución de esta tensión entre el ejecutivo y el judicial, y el resultado del debate sobre la reforma. Los ciudadanos, en su búsqueda de proteger la democracia, siguen con atención cada uno de estos eventos que pueden definir el rumbo de su nación.

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