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Orden de arresto contra el presidente de Corea del Sur por declarar la ley marcial
Yoon Suk-yeol enfrenta cargos de insurrección y abuso de poder, marcando un hecho histórico en la democracia surcoreana.
En un hecho sin precedentes, un tribunal de Seúl emitió una orden de arresto contra el presidente en ejercicio de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, por su implicación en la declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La medida convierte a Yoon en el primer mandatario surcoreano en enfrentar una orden de detención durante su mandato. La decisión fue adoptada tras la negativa del presidente a atender tres citaciones previas para ser interrogado.
Acusaciones y antecedentes
La orden judicial se basa en acusaciones de insurrección, abuso de poder y obstaculización del trabajo del Parlamento. Según la investigación, Yoon lideró una declaración de ley marcial que buscaba impedir que los diputados revocaran su decisión a través de un voto en contra.
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El mandatario supuestamente ordenó al Ejército intervenir para garantizar que el Parlamento no tomara medidas contrarias a su dictamen. Sin embargo, la negativa de varios mandos militares intermedios a cumplir estas órdenes resultó clave para que los legisladores pudieran derogar la declaración de estado de excepción.
A pesar de la emisión de la orden de arresto, la ejecución enfrenta importantes obstáculos. El Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado los intentos de los investigadores de ingresar tanto a la residencia oficial como a la oficina presidencial para llevar a cabo registros aprobados por el tribunal. La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) tiene un plazo de 48 horas para ejecutar la orden.
Aunque Yoon cuenta con inmunidad presidencial frente a procesos penales, este privilegio no aplica en casos de insurrección o traición. Además, fue destituido temporalmente el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, lo que limita sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida si restituirlo o inhabilitarlo definitivamente. Se espera que esta decisión se tome antes de junio de 2025.
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