Ecuador aprueba ley de equidad salarial entre hombres y mujeres

En Ecuador, país reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los quince con mayor desigualdad salarial de género en la región, se ha dado un paso trascendental con la aprobación de una ley orientada a mitigar esta disparidad en el ámbito laboral. 

Este movimiento legislativo, recibido con respaldo de diversos sectores políticos y del ejecutivo, marca un cambio significativo en el panorama laboral del país.

La ley, que ha superado todos los procedimientos legislativos necesarios, impone un mandato claro a los empleadores, tanto del sector público como del privado: la remuneración por un trabajo de igual valor debe ser equitativa, sin distinción de género. 

Esta normativa llega en un contexto donde, según datos del BID, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en Ecuador no se justifica por diferencias en educación o experiencia, sino que se debe a factores como normativas sociales, sesgos y discriminación, reportó AP.

Karina Ponce, líder de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía (Mega), destaca esta disparidad con datos concretos. Según cifras, existe una diferencia salarial del 23% entre hombres y mujeres, siendo el salario promedio para ellos de 482 dólares y para ellas de 371,10 dólares.

La ley, compuesta por 14 artículos, tiene como objetivo principal asegurar igualdad en la remuneración y en todas las formas de compensación económica, además de erradicar prácticas discriminatorias. A pesar de que los avances en materia de igualdad de género en Ecuador no son tan rápidos como se requiere, Ponce considera que esta ley es un avance significativo.

Con el apoyo de 132 de 137 legisladores, el texto de la nueva ley fue aprobado y posteriormente incluido en el Pleno con dos observaciones precisas del presidente.

Para garantizar la efectividad de esta medida, la nueva ley introduce cambios significativos. Anteriormente, la fijación salarial entre hombres y mujeres dependía del criterio del empleador. Ahora, se establece la obligación de remunerar de manera igualitaria y sin discriminación de género por el mismo trabajo realizado o de igual valor.

André Benavides, constitucionalista, y Mauro Andino, jurista, coinciden en que, aunque la Constitución de Ecuador reconoce y garantiza la igualdad de derechos, esta ley busca asegurar su cumplimiento en el ámbito laboral. Además, el Código Orgánico del Trabajo de Ecuador no establece diferencias de género y garantiza la remuneración para todos los trabajadores.

Para garantizar la igualdad en los salarios, la ley propone dos enfoques: preventivo y regulatorio. En el preventivo, se obliga a los empleadores a capacitar continuamente a su personal sobre los derechos laborales y la igualdad de género, así como a realizar campañas de sensibilización. 

En el aspecto regulatorio, se introduce la posibilidad de reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo y la restitución en casos de vulneración de derechos. Además, las organizaciones deben emitir informes anuales sobre el cumplimiento de esta normativa.

Karina Ponce resalta la importancia de buscar una remuneración digna para las mujeres, que no esté por debajo del salario básico de 460 dólares mensuales.

En cuanto a las sanciones por incumplimiento, se espera que el presidente (Noboa) emita un reglamento para su aplicación. El Código de Trabajo ecuatoriano ya contempla multas para quienes incumplan las leyes laborales, variando según el tamaño de la empresa.

La reacción en el sector empresarial es mixta. Mientras algunos ven esta ley como un paso necesario para la igualdad, otros la consideran innecesaria en el sector formal, argumentando que ya se basan en méritos y calidad del trabajo. Patricio Alarcón, empresario y ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sugiere que la ley podría ser más útil en el sector informal.

En conclusión, la nueva ley de igualdad salarial en Ecuador representa un hito importante en la lucha contra la discriminación de género en el ámbito laboral, aunque su efectividad dependerá del compromiso de la sociedad y de la adecuada implementación de las medidas regulatorias y preventivas propuestas.

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