Donald Trump solicita sanciones para abogados que impugnen sus políticas migratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva instrucción dirigida al Departamento de Justicia con el objetivo de iniciar procedimientos disciplinarios contra abogados que, según su interpretación, incurran en conductas profesionales inadecuadas al presentar demandas contra las decisiones en materia migratoria adoptadas por su gobierno.

A través de un memorando firmado el viernes y divulgado al día siguiente por la oficina de prensa de la Casa Blanca, Trump manifestó que ciertas prácticas legales estarían generando un uso indebido del sistema judicial mediante la promoción de procesos que califica como carentes de fundamento jurídico.

En ese documento, se sostiene que existen prácticas procesales que contribuyen a la congestión de los tribunales con casos que, desde la óptica del Ejecutivo, no responden a principios legales sólidos y obedecen más bien a intereses políticos o ideológicos.

El texto ordena de manera explícita a los titulares del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional adoptar medidas destinadas a identificar y sancionar a los profesionales del derecho que interpongan acciones legales calificadas como frívolas o que pretendan obstaculizar las decisiones administrativas del Ejecutivo federal.

Se incluyen en esta instrucción los bufetes que representen causas consideradas por el gobierno como injustificadas o dirigidas a obstaculizar el cumplimiento de las directrices migratorias.

En concordancia con lo anterior, el documento solicita a la fiscal general, Pam Bondi, que remita a la Casa Blanca un listado de las firmas legales involucradas en estos litigios.

Se propone que, tras dicha identificación, se proceda con la revocación de credenciales otorgadas por el Ejecutivo federal a dichos despachos, así como la cancelación de contratos vigentes que los vinculen con agencias gubernamentales.

La medida fue rechazada por organizaciones vinculadas a la defensa de derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), entidad que ha liderado múltiples procesos judiciales contra decisiones del actual gobierno desde que Trump asumió nuevamente la presidencia en enero.

Mediante un pronunciamiento oficial, la ACLU expresó su rechazo a las acciones emprendidas por el Ejecutivo, señalando que estas representan un esfuerzo por limitar la capacidad de los abogados para ejercer control sobre el poder gubernamental a través de los canales legales establecidos.

Cecillia Wang, directora legal nacional de dicha organización, advirtió que el contenido del memorando refleja una intención de restringir el papel de los profesionales del derecho en la supervisión del cumplimiento de las normas constitucionales.

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De acuerdo con sus declaraciones, la iniciativa presidencial constituiría un intento de eliminar controles institucionales y erosionar los principios de separación de poderes que estructuran el sistema político del país.

Actualmente, diversos tribunales federales están tramitando más de cien causas relacionadas con políticas adoptadas por la actual administración. Buena parte de esos litigios están vinculados con regulaciones migratorias.

Entre ellos se destaca el fallo de un juez federal que desestimó la intención del Ejecutivo de negar la ciudadanía estadounidense a menores nacidos en el país, hijos de personas con estatus migratorio irregular o con visados temporales.

Desde el inicio de su nuevo mandato el 20 de enero, Trump ha recurrido de manera reiterada a la emisión de órdenes ejecutivas como mecanismo para implementar decisiones sin la intermediación del Congreso.

Estas acciones han suscitado cuestionamientos por parte de diversos sectores, los cuales advierten sobre una posible concentración de facultades en el Poder Ejecutivo.

La estrategia también ha sido interpretada como un desafío directo al rol del poder judicial en el sistema de controles institucionales.

La iniciativa presidencial se enmarca en una serie de medidas dirigidas a restringir los mecanismos legales disponibles para impugnar decisiones gubernamentales, lo que ha generado debate en torno a los límites de la potestad ejecutiva y la vigencia de los principios jurídicos que rigen el funcionamiento del Estado federal.

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