Condena histórica a un pandillero en El Salvador: 1.420 años de prisión

En un reciente fallo judicial en El Salvador, un miembro destacado de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, fue sentenciado a 1.420 años de prisión por una serie de crímenes que incluyen siete asesinatos, 37 casos de extorsión agravada y 25 intentos de homicidio, dirigidos en su mayoría contra personal militar. 

Ángel Geovany Guzmán González, el acusado, enfrentó estas severas sanciones tras un juicio que estableció su participación en estos actos delictivos registrados entre 2018 y 2019.

Otras sentencias significativas se emitieron contra miembros de la misma estructura criminal. Hugo Alexander Arqueta Bonilla recibió una pena de 764 años por delitos que abarcan homicidio agravado y actividades relacionadas con grupos terroristas, reportó AP.

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De manera similar, Carlos Eduardo Díaz Rodríguez fue condenado a 567 años de cárcel por infracciones comparables, mientras que Ana Ruth Segovia Merino recibió una sentencia de 148 años, también por homicidio agravado y extorsión.

La Fiscalía General de la República reveló que los 48 integrantes procesados de esta pandilla tenían como objetivo principal a fuerzas de seguridad, incluyendo policías y militares. 

Además, se dedicaban a extorsionar a comerciantes y transportistas en la ciudad de San Miguel, situada a 135 kilómetros al este de la capital salvadoreña. 

Las demandas económicas a estas víctimas eran extremas, incluyendo un caso en el que se exigieron 10.000 dólares de una sola vez para cubrir los honorarios de un abogado que representara a miembros detenidos de la pandilla.

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Este contexto de criminalidad se enmarca en un estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, instaurado por el presidente Nayib Bukele como medida para combatir el creciente poder de las pandillas en el país. 

Esta medida ha suspendido derechos fundamentales como la asociación, la asistencia legal y el acceso a información sobre las razones de detenciones, lo que ha provocado críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Desde la implementación del estado de excepción, más de 85.000 personas han sido detenidas, aunque la mayoría aún no recibe una sentencia definitiva. 

El gobierno ha admitido la liberación de más de 7.000 detenidos por falta de pruebas. Las pandillas, incluida la Mara Salvatrucha, han sido clasificadas como organizaciones criminales tanto por Estados Unidos en 2012 como por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en 2015. 

Estos grupos mantienen una influencia considerable en diversos sectores del país, participando en narcotráfico, crimen organizado y extorsión, especialmente contra el sector transporte, según informes de las autoridades.

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