CIDH otorga medidas cautelares para Nahuel Gallo: "se encuentra en una situación de gravedad"

El 1 de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025, otorgando medidas cautelares en favor de Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional de Argentina. 

La Comisión determinó que Gallo enfrenta una situación de gravedad y urgencia, con riesgos de daño irreparable a su vida e integridad personal tras su detención en Venezuela el pasado 8 de diciembre de 2024.

Gallo fue detenido en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela, cuando intentaba ingresar al país para visitar a su esposa e hijo. Aunque contaba con los documentos en regla, fue apartado por autoridades venezolanas para una "entrevista". Horas más tarde, según testigos, fue trasladado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y desde entonces su paradero es desconocido.

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A pesar de que altos funcionarios venezolanos han confirmado públicamente que Gallo está detenido, no se han proporcionado detalles sobre su ubicación, cargos en su contra ni condiciones de salud. Intentos de familiares y abogados por localizarlo han sido infructuosos, enfrentándose incluso a negativas de la Fiscalía General de Venezuela para recibir denuncias sobre su desaparición.

La CIDH señaló que el caso presenta indicios de desaparición forzada, subrayando que el Estado venezolano no ha tomado medidas para garantizar comunicación entre Gallo y las autoridades argentinas ni ha informado sobre las condiciones de su detención. Además, la Comisión destacó la falta de recursos legales efectivos en Venezuela para proteger los derechos del beneficiario.

Ante esta situación, la CIDH ordenó al Estado venezolano adoptar medidas inmediatas para determinar el paradero de Nahuel Gallo, proteger su vida e integridad personal y garantizar su comunicación con sus familiares y abogados. El caso sigue generando preocupación internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

"El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables", sostuvo la CIDH.

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