Caso de lavado de dinero en Argentina: Vicepresidenta absuelta por falta de evidencia

Este lunes, la vicepresidenta y exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída por la justicia argentina en un caso que investigaba su supuesta participación en operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario cercano durante su mandato.

El juez federal Sebastián Casanello decidió poner fin al proceso judicial contra la influyente líder peronista después de que los organismos de la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos se pronunciaran a favor de su sobreseimiento, coincidiendo con la fiscalía en la falta de pruebas contundentes.

La última resolución, que no enfrentará apelaciones por parte del fiscal del caso ni de los organismos estatales querellantes, cierra la acusación, pero deja pendientes otras investigaciones judiciales en las que Fernández de Kirchner está implicada por distintos delitos.

La vicepresidenta, que también fue condenada en diciembre a seis años de cárcel y a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado durante su mandato 2007-2015, ha apelado el fallo. La resolución de la apelación, ahora en manos de la Corte Suprema, aún no tiene una fecha determinada.

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En palabras del juez Casanello, "frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos". Además, señaló que su decisión no puede ir más allá de lo que propone la parte acusadora.

La acusación fue retirada por el fiscal Guillermo Marijuan después de recibir un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Según la resolución del magistrado, el informe confirmaba una reunión a finales de 2010 en la residencia presidencial con el empresario Lázaro Báez, quien "al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando".

Báez, amigo cercano a la vicepresidenta y empresario de la construcción, fue condenado en 2021 a 10 años de prisión por lavar millones de dólares obtenidos de manera ilícita.

La provincia de Santa Cruz, donde Báez tenía sus operaciones y Fernández de Kirchner aún posee propiedades, fue el escenario de diversos allanamientos altamente mediatizados durante la investigación.

Inicialmente, Fernández de Kirchner no estaba entre los investigados en la causa en la que Báez era el principal acusado, pero en 2016 fue imputada por el fiscal Marijuan. Esta decisión se basó en la declaración de un financista en calidad de arrepentido.

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