Ataque a oposición: Fiscalía en Venezuela abre investigación por sitio web que evidenció fraude electoral

La Fiscalía de Venezuela, dirigida por Tarek William Saab, ha iniciado recientemente una investigación penal en relación con una página web afiliada a la oposición, que publicó documentos vinculados a las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

Estos documentos muestran que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, habría recibido una mayoría significativa de los votos, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador al actual presidente Nicolás Maduro. La fiscalía argumenta que dichos documentos son falsificaciones destinadas a subvertir las funciones del CNE.

El Ministerio Público, controlado por partidarios de Maduro, alega que los delitos implicados incluyen la usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, incitación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, y conspiración. Según las declaraciones de Saab, se procederá contra los responsables de la publicación y mantenimiento del sitio web.

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Por otro lado, muchas personas en Venezuela que participaron como miembros y testigos en las mesas electorales han validado los resultados mostrados en la página web mediante la verificación de códigos QR. 

Estos resultados indican que González Urrutia obtuvo 7,303,480 votos frente a los 3,316,142 de Maduro, de acuerdo con la información recopilada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

A pesar de estos datos, el CNE presentó un reporte en el que afirma que Maduro fue reelegido para un tercer término con 6,408,844 votos, contrastando con los 5,326,104 votos atribuidos a González Urrutia con el 96.87% de las actas contabilizadas. Este resultado aún no ha sido completamente divulgado según las normas legales vigentes.

En respuesta a las acciones del gobierno, la justicia, a instancias de Maduro, ha citado a los ex candidatos a una sesión para "certificar" los resultados. González Urrutia, de 74 años, ha rechazado participar en este proceso, que él considera ilegítimo y una violación al debido proceso legal, expresando preocupación por su seguridad personal y la integridad de la voluntad popular.

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