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Tribunal Superior de Bogotá detiene el proceso contra policías implicados en caso de Marelbys Meza
Dentro de los implicados en el caso se encuentra el coronel Carlos Feria y los subalternos John Sacristán Bohórquez y Elkin Gómez.
En una decisión reciente, el Tribunal Superior de Bogotá ha suspendido temporalmente el proceso judicial contra los policías involucrados en la presunta práctica irregular del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia en Casa de Nariño. Entre los implicados se encuentran el coronel Carlos Feria, así como sus subalternos John Sacristán Bohórquez y Elkin Gómez.
La suspensión del proceso judicial obedece a un conflicto de jurisdicción que aún está pendiente de resolución por parte de la Corte Constitucional. Según el Tribunal, la Fiscalía procedió prematuramente al acusar a los policías sin esperar que se definiera claramente la jurisdicción competente para el caso.
El Tribunal criticó además la actuación de la juez inicial, quien supuestamente no permitió a los defensores de los acusados pronunciarse sobre el conflicto de jurisdicción. En este contexto, se consideró adecuado suspender la actuación judicial hasta que la Corte Constitucional se pronuncie y aclare qué jurisdicción debe resolver el caso.
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"Por ello, en este caso, no puede considerarse ilegítimo ni dilatorio el proceder de los defensores de los imputados cuando acudieron a la justicia penal militar, ni menos es procedente poner en entredicho el trámite adelantado por aquella jurisdicción”, dice el fallo.
La defensa del mayor Duván Muñoz, uno de los policías implicados, celebró la decisión del Tribunal. Jorge Ramírez, abogado de Muñoz, destacó que esta medida garantiza los derechos fundamentales de su cliente y de todos los investigados en este complejo proceso legal.
“Celebramos la decisión del Tribunal, que respalda la teoría de la defensa y garantiza los derechos fundamentales en cabeza del mayor Duván Muñoz y los demás investigados”, expresó Jorge Ramírez, abogado del mayor Duván Muñoz.
Los hechos que originaron la investigación tuvieron lugar en 2023, y el proceso judicial se inició meses después. El foco del caso gira en torno a la supuesta aplicación irregular del polígrafo a la exniñera en la residencia presidencial, un tema que ha generado controversia y debate sobre las competencias judiciales correspondientes.
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