Reforma a la Justicia espera agilizar el Sistema Judicial en Colombia, revela Corte Suprema

Las cabezas de la justicia colombiana se reunieron este martes en Bogotá para conmemorar los 19 años de la Ley de Justicia y Paz. En el evento, la Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia hicieron importantes planteamientos sobre el futuro del sistema judicial en el país.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dio a conocer nuevos detalles sobre la próxima reforma judicial en materia de flagrancia. Según Chaverra, una persona capturada en flagrancia podrá recibir rebajas de pena y tendrá la posibilidad de someterse a las autoridades, eliminando la restricción existente en la Ley 906 que negaba estos beneficios a quienes eran capturados en estas circunstancias.

Chaverra explicó que esta reforma eliminará la distinción que impedía a los capturados en flagrancia acceder a las mismas rebajas de pena que los demás, considerando que dicha diferenciación carecía de sentido.

Durante el evento, la Fiscal General también hizo énfasis en la necesidad de avanzar en la identificación y judicialización de los financiadores de la violencia en Colombia. Destacó la importancia de focalizarse en los terceros financiadores con mayor poder económico, basándose en la información proporcionada por los desmovilizados en sus versiones libres. Además, subrayó la necesidad de implementar estrategias efectivas para la persecución de bienes con el fin de recaudar recursos para la indemnización de las víctimas.

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La Corte Suprema de Justicia ha presentado una propuesta de reforma que busca modificar o eliminar ciertas reformas posteriores a la Ley 906 de 2004, que instauró el sistema acusatorio adversarial en Colombia. Según el proyecto, estas reformas han impedido la aplicación de beneficios de rebaja de pena en casos donde los imputados aceptan cargos o llegan a acuerdos, contribuyendo al colapso del sistema judicial.

El objetivo de la propuesta es reducir el número de casos que se tramitan por la vía ordinaria y fomentar que la mayoría de los procesos se resuelvan a través de allanamientos y preacuerdos. Esto incluiría la posibilidad de obtener condenas anticipadas a cambio de rebajas de penas en casos de delitos graves, como abuso sexual y homicidios. Fuentes del alto tribunal indicaron que las reformas posteriores a la Ley 906 han afectado negativamente la aplicabilidad del sistema negociado de justicia procesal penal, contribuyendo a la congestión de los despachos judiciales y a la demora en la resolución de casos, que ahora se resuelven tras más de siete años desde la ocurrencia del delito.

En respuesta, la Sala Plena del alto tribunal ha colaborado con la Fiscalía para diseñar una reforma que resalte los principios originales de la Ley 906. Esta iniciativa propone importantes cambios sin buscar impunidad ni levantar la prohibición de subrogado o sustitutos penales para delitos graves contra la vida, integridad personal, libertad o delitos sexuales contra menores. La reforma mantiene la prohibición de libertad condicional y prisión domiciliaria para estos delitos, pero permite que ciertos delitos menores, como homicidios culposos y lesiones personales culposas, se resuelvan mediante indemnización o reparación integral, siempre y cuando no existan circunstancias de agravación.

Una de las propuestas iniciales incluía derogar el numeral séptimo del artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia de 2016, que actualmente impide las rebajas de pena para delitos graves contra menores. Sin embargo, con los ajustes introducidos, la nueva propuesta permitirá que los actores de delitos contra menores puedan allanarse o preacordar, aunque con una rebaja de pena limitada a “la mitad de la mitad” de la rebaja normal, con el fin de mantener la justicia efectiva y la protección del entorno del menor.

La propuesta ya ha sido concertada con la Fiscalía tras varias rondas de debate y busca enfrentar los desafíos actuales del sistema judicial en Colombia.

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