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Profieren cargos a funcionarios de la Alcaldía de Soacha por irregularidades en el PAE

Los cargos se deben a las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de licitación pública de Plan de Alimentación Escolar.

PAE Norte Santander
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 14/06/2023 - 17:47 Créditos: Foto: Gobernación de Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación ha emitido pliego de cargos en contra de dos funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca. Los cargos se deben a las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de licitación pública para la prestación del servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas del municipio.

La Provincial de Instrucción de Fusagasugá ha incluido en el expediente a dos personas: Gloria Álvarez Tovar, secretaria del despacho, y Óscar Javier Rodríguez Díaz, profesional universitario. Se les acusa de presuntamente exigir requisitos a los proponentes que no eran necesarios, justos ni proporcionales en el proceso.

Además, también se ha incluido a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga en el mismo expediente.

El Ministerio Público ha alegado que Álvarez Tovar pudo haber incurrido en una falta disciplinaria debido a la presunta omisión de los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal. Señala que esto habría ocurrido durante la etapa de estructuración de los estudios previos y la posterior adjudicación del proceso.

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Asimismo, el organismo de control le ha formulado cargos por presuntamente inhabilitar a un proponente al no permitirle subsanar una deficiencia relacionada con la experiencia previa requerida. Se alega que se le negó la oportunidad de corregir dicha falencia, lo que podría haber resultado en una posible inhabilitación injustificada.

En el caso de Rodríguez Díaz, la Procuraduría ha señalado que en la etapa precontractual, suscribió los estudios previos y los escritos utilizados para responder a las observaciones a los prepliegos y los pliegos definitivos presentados por los proponentes.

En cuanto a los contratistas, el ente de control ha alegado que ambos desempeñaron roles como miembros del comité evaluador de la licitación por la cual se adjudicó el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Además, participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica final, en el cual se excluyó a uno de los interesados en el proceso sin permitirle corregir un aparente error cometido.

La Entidad ha indicado que los cuatro implicados podrían haber pasado por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento de directrices impartidas por la entidad. Por lo tanto, de manera provisional, ha calificado las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.

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