Procuraduría solicitó condenar a Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema por “Cartel de la toga”

La Procuraduría General de la Nación formuló una petición formal ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que se emita una sentencia condenatoria contra Leonidas Bustos, quien ejerció como magistrado y presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en Colombia.

La solicitud fue sustentada en el contexto del proceso penal que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

La intervención del Ministerio Público tuvo lugar durante una audiencia desarrollada en el marco del juicio contra Bustos, señalado por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado al interior de la Corte Suprema.

Según los argumentos presentados por el delegado de la Procuraduría, existen elementos suficientes para considerar que el exmagistrado habría actuado en coordinación con otros funcionarios judiciales con el propósito de recibir dádivas a cambio de intervenir en decisiones judiciales en beneficio de determinados procesados.

El representante del órgano de control también instó a que se gestionen de manera urgente los trámites diplomáticos y judiciales necesarios para lograr la extradición del procesado, quien actualmente permanece en Canadá, país donde ha manifestado estar acogido bajo condición de exiliado.

El Ministerio Público argumentó que la permanencia de Bustos en el exterior ha representado un obstáculo para el normal desarrollo del proceso, por lo que se hace indispensable contar con su presencia física ante las autoridades colombianas.

Durante la etapa probatoria del juicio han sido escuchados más de sesenta testigos, entre los cuales se encuentra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, quien fue condenado por su participación en los mismos hechos y aceptó colaborar con la justicia como testigo clave.

Moreno relató que, como parte de los pagos ilegales realizados dentro del esquema de corrupción, hizo entrega directa de dinero en efectivo al entonces magistrado Bustos.

Además, afirmó haberle obsequiado un reloj de la marca Cartier, cuya factura señala un valor superior a los cuarenta y dos millones de pesos colombianos y aparece fechada el 29 de diciembre de 2012.

Dicho testimonio fue complementado por la declaración de Yeison Ricardo Pérez, quien manifestó haber sido el comerciante que vendió el reloj en cuestión a Ricardo Beltrán Rivera, identificado como un cliente frecuente.

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Según el testigo, en la fecha de la transacción Beltrán se presentó acompañado por un individuo que Pérez reconoció como Leonidas Bustos, lo cual reforzaría la versión entregada por Moreno sobre la entrega del obsequio como parte de los pagos irregulares.

En contraste con estas afirmaciones, la defensa del procesado, a cargo del abogado penalista Eduardo Curtidor, sostuvo que una de las pruebas centrales del expediente contiene inconsistencias que, a su juicio, comprometen su validez jurídica.

En particular, cuestionó la autenticidad de la factura correspondiente al reloj Cartier. Curtidor indicó que el documento presenta una fecha de expedición del 29 de diciembre de 2012, pero contiene una numeración relacionada con una resolución de facturación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) posterior al año 2017.

Según el defensor, tal discrepancia demostraría que la factura no pudo haber sido emitida en la fecha que señala, lo cual abriría dudas sobre la veracidad del testimonio que la respalda.

El proceso penal contra Bustos se enmarca dentro de la investigación que ha sido conocida públicamente como el “Cartel de la Toga”, una red de corrupción judicial en la que habrían participado varios altos funcionarios del sistema judicial colombiano, quienes, según las autoridades, se habrían beneficiado económicamente a través de pagos realizados por personas investigadas penalmente, a cambio de incidir en los fallos o decisiones procesales que les favorecieran.

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