Procuraduría sanciona a funcionarios de Metrolínea S.A. por contrato para parqueaderos del SITM

La Procuraduría General de la Nación anunció sanciones contra la exgerente de Metrolínea S.A., Laura Cristina Gómez Ocampo, y la exdirectora técnica de Infraestructura, Clara Isabel Guerrero Ariza, debido a irregularidades detectadas en un contrato con Azarías S.A.S. para la adecuación de parqueaderos en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

Ambas funcionarias deberán pagar el equivalente a ocho meses de salario devengado como consecuencia de su participación en el contrato jurídico 088 de 2015, que abarcaba el cerramiento y adecuación provisional de parqueaderos de buses en un lote del SITM.

La investigación de la Procuraduría confirmó la existencia de sobreprecios por casi 18 millones de pesos en diversos ítems, incluyendo materiales comunes, instalación para excavación manual, vigas de amarre de piso en concreto y láminas de zinc para el cerramiento perimetral. Además, se constató la falta de soporte documental para justificar los costos elevados, evidenciando una falta de optimización de los recursos públicos al aprobar un contrato sin una debida verificación de los valores.

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Clara Isabel Guerrero Ariza, en su rol de supervisora de la ejecución del contrato, suscribió dos actas para modificar las cantidades de los recursos sin respaldo de cotizaciones o estudios de mercado. Esta acción, según la Procuraduría, afectó la objetividad en la determinación de precios y no tuvo en cuenta factores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la tasa de cambio y el cambio en el precio de las materias primas, entre otros.

En el fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la falta de las servidoras públicas como gravísima, a título de culpa grave, por vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia y economía en el ejercicio de sus funciones.

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