Procuraduría pide investigar homicidios de civiles señalados de colaborar con grupos armados

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP investigar los homicidios de civiles señalados de colaborar con el ejército o con grupos paramilitares, por parte del frente cinco de las extintas Farc, que operaron en el Urabá antioqueño y chocoano. 

El Procurador Primero Delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, aseguró que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macro criminal, por tratarse de crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial. 

"Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley", indicó el ente de control.

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En el documento de observaciones se analizaron versiones entregadas por cinco exintegrantes de los mencionados frentes, uno de esos testimonios señaló tres muchachos indígenas eran colaboradores del ejército y que eso hizo que el comandante guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos. 

Fernández Angarita aseguró que "en este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran “comprobados” o fueran simples “sospechosos”, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos". 

Por otro lado, la Procuraduría también solicitó a esa magistratura profundizar en aspectos relacionados con el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales, tales como: minas antipersonal y bombas artesanales, con el fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar estos explosivos que también ha afectado a la población civil.

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