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Procuraduría investiga caso de menor asesinado por su padrastro y exige explicaciones al ICBF
Aumentan los casos de violencia intrafamiliar en menores: 21.902 reportados en 2024.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una vigilancia preventiva frente al asesinato de un niño de un año y nueve meses en Kennedy, sur de Bogotá, quien habría fallecido tras una golpiza propinada por su padrastro.
Mientras tanto, su hermano mayor sobrevivió al brutal maltrato y permanece bajo cuidado médico en el hospital El Tintal.
El ente de control solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Personería de Kennedy información detallada sobre las acciones tomadas tras conocer los hechos.
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Según datos del Instituto Nacional de Salud, hasta diciembre de 2024, los casos de violencia intrafamiliar en menores de entre cero y cinco ascendieron a 21.902 en el país, una cifra alarmante que refuerza la necesidad de medidas urgentes.
La Procuraduría recordó que la Ley 1098 protege los derechos de los menores, destacando su derecho a una vida digna y segura. Por ello, instó a la directora regional del ICBF, Diana Patricia Arboleda, a informar si existían denuncias previas o intervenciones relacionadas con los menores afectados. También pidió un informe detallado sobre las medidas de protección adoptadas y el acompañamiento brindado al niño sobreviviente y su familia.
De igual manera, la comisaria de Familia de Kennedy, Sandra Liliana Cruz Martínez, deberá precisar si había medidas de protección en trámite para esta familia y si notificó a la Fiscalía sobre los hechos de vi
olencia intrafamiliar. La Procuraduría también exige un informe sobre el seguimiento realizado a las medidas implementadas y su articulación con el ente territorial.
Por último, el personero local de Kennedy fue requerido para realizar un seguimiento exhaustivo del caso, garantizando que las acciones administrativas de restablecimiento de derechos del menor sobreviviente se cumplan plenamente. El Ministerio Público busca asegurar justicia, evitar la revictimización y garantizar una vida libre de violencia para los afectados.
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